Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones Libres del Pueblo de Quilmes

Por Maximiliano F. Montenegro.- Hoy, el tráfico de humanos con fines de explotación sexual o laboral es el tercer negocio mafioso a escala mundial, luego de las drogas y las armas. A partir de la promulgación, en 2008, de la Ley de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, Argentina se puso a la vanguardia de los países que enfrentan el problema como un tema de Estado. Esta herramienta permitió elaborar una radiografía del flagelo en el país y, de ese modo, combatirlo de manera más certera. Así, en estos años ya son 1.971 las víctimas rescatadas que reciben asistencia, 1.077 los allanamientos en espacios donde eran explotadas y 908 las personas detenidas vinculadas a esta industria espeluznante. Un dato: en lo que va del presente año, el promedio de personas rescatadas asciende a 23 por semana.
Los datos pertenecen a un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, al que Diario Popular tuvo acceso. “La sola sospecha de un posible caso de trata de personas debe ser puesta a conocimiento de las autoridades. Cada minuto que les regalamos a las redes criminales de trata, perdemos la posibilidad de rescatar a una nueva víctima”, sostiene el trabajo, coordinado por la ministra Nilda Garré. Surge del estudio, denominado “Política de Seguridad contra el Delito de Trata de Personas”, que en los primeros ocho meses del año fueron 794 las personas rescatadas: 190 por trata sexual (15 menores) y 604 por esclavitud laboral (62 menores). Aún a pesar de que restarían sumar los últimos cuatro meses del período, se trata de la cifra más alta desde la promulgación de la ley. En 2008, las víctimas rescatadas fueron 186, en 2009 fueron 422 y en 2010 fueron 569. Los datos de 2011 proyectados superarían las 1.000 víctimas de explotación laboral o sexual que recibirán ayuda del Estado.
“El delito de la trata de personas representa un atentado contra la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos: vulnera el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de movimiento y a la identidad, entre otros derechos fundamentales. Es la esclavitud del siglo XXI. La Ley 26.364 entiende por trata de personas la captación, el traslado y/o transporte, que puede darse de un país a otro o entre distintas provincias del país, y la recepción o acogida de una persona con fines de explotación”, indica el informe.
Asimismo, se indica que “en los lugares donde se ejerce la explotación, las víctimas son retenidas mediante amenazas, falsas deudas, mentiras, coacción, violencia y son obligadas a prostituirse o trabajar en condiciones infrahumanas. Los tratantes se aseguran que las víctimas no puedan -o crean que no pueden- salir de su situación de explotación”.
En base a los datos recopilados por las fuerzas intervinientes (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica), el informe sostiene que “las víctimas generalmente son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a causa de su edad (niños, niñas y adolescentes), el género (mujer, sobre todo cuando se habla de trata con fines sexuales), o encontrarse en una situación de vulnerabilidad socio económica, pobreza, condición migratoria, estado físico o mental (discapacidad), o por circunstancias sociales (bajo nivel educativo), étnicas o religiosas (minoría religiosa, lingüística, identidad sexual)”.
Las cifras de 2011 acerca del flagelo permiten saber que en cuanto a las víctimas por modalidad sexual, afecta en la generalidad de los casos a mujeres; que el 92% de los casos se trata de mayores de edad; y que son principalmente de nacionalidad argentina y paraguaya, siendo las víctimas de origen dominicano el tercero en importancia.
En lo relacionado a las víctimas por modalidad laboral, el trabajo revela que el 75% son hombres y sólo un 25% pertenece al género femenino. Asimismo, en su mayoría son personas mayores de edad (90%), y son principalmente de nacionalidad argentina y boliviana, quedando en un segundo plano las víctimas de origen paraguayo y peruano.
Respecto a los tratantes, el análisis observa que quienes cometen este delito son, en la mayor parte de los casos, de la misma nacionalidad que sus víctimas. “Así, cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual, los tratantes poseen nacionalidad argentina o paraguaya, y cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral, los tratantes suelen ser argentinos o bolivianos”, afirma el informe.
Los datos analizados por el Ministerio de Seguridad señalan que “predomina la modalidad de captación denominada ´trata blanda´. Es decir, los tratantes utilizan dispositivos de ardid o engaño, principalmente ofertas laborales engañosas, para reclutar a sus víctimas”. “En lo que hace a la modalidad de sometimiento, en algunos casos los tratantes no necesitan privar de la libertad a sus víctimas, siempre y cuando se las tenga psicológicamente controladas o bajo vigilancia. Ese fue el caso de una víctima a la que se la mantenía retenida en virtud del hecho de tener secuestrado a su hijo.