Sus dichos fueron difundidos ayer en internet por el portal de noticias platense “Plus Información”. "Al intendente deQuilmes, el señor Francisco Gutiérrez, se ha ordenado el embargo de su sueldo, por incumplimiento de una orden judicial vinculada a unas obras que debía realizar en el municipio ya hace tiempo, hace más de un año, y que no fueron cumplidas”, empezó a explicar el magistrado.

Pese a las desmentidas de Gutiérrez, Arias no dudó en explicar: “A esas obras, el intendente de Quilmes las había comprometido frente a los vecinos para mitigar, de algún modo, el problema de la ex papelera Massuh. Los vecinos linderos a esa planta pedían, desde hace mucho tiempo, el entubamiento de una zanja, de un canal de desagüe, que muchas veces se ha inundado por los piletones de agua de la planta. Además, era una fuente de contaminación, con roedores, perjudicial para la salud. Por otra parte, prometió la parquización de esa zona, para que se convierta en un área de recreación, y la forestación de la misma, para generar una barrera ambiental entre la planta productora de papel y los vecinos. Pese a las diversas intimaciones realizadas, no ha cumplido".  

"Aquí hay un grave problema –continuó-, que es la existencia de una planta productora de papel instalada en medio de un lugar donde convive con los vecinos; una situación que es altamente irregular y riesgosa para la salud de todos los vecinos de la zona. Si los vecinos invadieron la zona industrial, o si la zona industrial invadió la zona residencial, no lo sabemos ni interesa. Lo cierto es que las autoridades han permitido esta convivencia; y desde la justicia hemos hecho un trabajo, ya desde hace varios años, con audiencias y con peritos, tratando de minimizar el impacto que produce esta planta con relación a los vecinos".

Asimismo el magistrado aseguró: "El municipio no contribuyó en nada para mitigar esta situación y, por esa razón, los vecinos exigieron tareas mínimas, como estas obras, que no son muy costosas, que se pueden realizar perfectamente; pero a veces, la desidia y la falta de interés de los funcionarios nos llevan a esta situación".

"Los funcionarios presentaron un registro por escrito, para poder continuar con las obras, pero lo hicieron de un modo que, incluso, hasta se diría burlándose de la Justicia. Ellos tienen que presentar un informe de impacto ambiental, siempre que se realiza una obra pública, pero lo hicieron sin firma de un profesional responsable. Emitido por la propia Municipalidad, no reúne los requisitos mínimos de un informe de impacto ambiental. Lo hicieron como para decir "-Bueno, acá cumplimos con el informe de impacto ambiental"; una cosa que es hasta una burla, carente de toda seriedad, un desprecio hacia la Justicia", concluyó el juez Arias.