El lugar, sombrío y
lúgubre, representa sólo la puerta de entrada de un mundo
sórdido en el que hay colchones de goma espuma apilados como
fichas de dominó, paredes húmedas y malolientes, lamparitas
rojas y música ambiental que llega a los distintos ambientes
a través de pequeños bafles colocados en las aberturas. En
medio de ese clima, un grupo de mujeres en ropa interior
atendía con cordialidad a sus clientes, quienes se sientan
en los sillones o en la barra del lugar habilitado como
whiskería y esperan su turno como si fueran pacientes de un
consultorio.
Hace siete días un juez ordenó clausurar cuatro locales
donde se ejercía la prostitución, a partir de una
investigación de la fiscalía descentralizada de Balcarce, a
cargo del doctor Rodolfo Moure y la doctora Laura Molina,
además del fiscal Leandro Arévalo, instructores judiciales,
de Migraciones, 50 efectivos de Prefectura de Mar del Plata,
y personal del departamento de Asistencia a la Víctima de
la Fiscalía General. Moure allanó cuatro locales que
funcionan como whiskerías en distintos puntos de la ciudad y
donde se ejercía la prostitución. Durante los operativos que
se efectuaron en el marco de la ley de profilaxis y la
investigación de trata de personas, se encontraron más de 30
mujeres de nacionalidad paraguaya, dominicana, chilena y una
argentina que se prostituían, por lo que el juez de
Garantías N° 4 del Departamento Judicial de la ciudad de Mar
del Plata, doctor Juan Tapia, ordenó la clausura de los
mismos. Por otra parte, según la investigación, en ninguno
de los locales, habilitados como wiskerías, fueron
encontradas menores de edad ni mujeres esclavizadas, aunque
la investigación continúa. Durante el allanamiento, se
encontraron preservativos, ropa interior femenina, y se
secuestraron dos armas -una pistola calibre 380 y un
revólver calibre 32-. Además se comprobó que el sexo se
mantenía sobre colchones de goma espuma directamente
extendidos en el suelo y sin ninguna norma básica de
higiene. Al comprobarse que en estos locales se ejercía la
prostitución le permitiría a la Justicia a decomisar los
inmuebles, según el Art. 23 del Código Penal, y la
aplicación de fuertes multas -de 12.500 a 125.000 pesos- con
la posibilidad de pena de prisión de efectivo cumplimiento
en caso de no acatar la decisión de justicia.
