Los diputados nacionales recibieron a la policía que denunció a sus propios jefes por la relación con prostíbulos. Nancy Miño apuntó contra el Programa de Rescate a las víctimas y pidió incluir en la Ley de Trata las figuras del arrepentido y agente encubierto.

Fuente: Noticias Urbanas
Por Lucas Schaerer

Los diputados nacionales estuvieron obligados a realizar una nueva audiencia por la Ley de Trata este martes 17, debido a que dejaron fuera de la lista de oradores a la policía Nancy Miño -quien denunció vínculo con prostíbulos y actitudes mafiosas de sus jefes-. La sorpresiva medida de no dejarla hablar trascendió en los medios periodísticos y obligó a realizarse una audiencia sólo para escuchar y tomar versión taquigráfica de los dichos de la mujer policía.

Nancy Miño contó que en octubre de 2008 fue trasladada arbitrariamente a la División de Trata de Personas donde debía realizar infiltraciones a prostíbulos de todo el país. “Estoy hace 16 años en la Policía Federal como personal administrativo, mi padre es policía retirado. Yo no podía realizar tareas de agente encubierto, o sea infiltraciones en prostíbulos, porque la ley no lo permite y tampoco mi condición de administrativa. En esa tarea vi la corrupción de la división de Trata. Donde se fraguaban procedimientos con drogas y armas. También como se dejaba libre a una pareja de proxenetas dominicanos en jurisdicción de la comisaría 5ª”, arrancó Miño en la audiencia, teniendo a su lado a la diputada Claudia Rucci (Peronismo Federal), titular de la Comisión Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y a Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) a cargo de la Comisión Legislación Penal, quienes están llevando adelante las audiencias por los cambios a la ley de Trata.

La expositora, que la semana pasada marchó a la Jefatura de la Federal con la Fundación Alameda y los cartoneros del MTE, relató ante unos quince diputados nacionales que fue cesanteada y desde junio no cobra el sueldo además de no contar con custodia policial personal.

“Tras mi denuncia ante el juez Ariel Lijo contra los jefes de la Superintendencia de Investigaciones y División Trata de Personas me iniciaron arbitrariamente un sumario”, dijo. “Mientras hacia mi trabajo, atrás se lucraba. Yo me infiltraba sin recursos y sin haber sido preparada para ello. Por todo lo que estoy contando es que se debe crear una fuerza policial que investigue la trata”, subrayó, aclarando que "no busca ensuciar a la institución", sino relatar "hechos concretos”.

En su exposición también describió, desde su experiencia laboral, el Programa de Rescate y Asistencia a la Víctima de Trata que depende del Ministerio de Justicia Nacional.

“La oficina de rescate no funciona y a mi no me lo pueden desmentir. En allanamientos de febrero en prostíbulos de Mar del Plata no rescataron a nadie. Había una travesti que sólo por ser menor fue ayudada pero al otro día estaba con su familia. Mientras que muchas mujeres traficadas pero por ser adultas, consideraron que quedaran en los prostíbulos. Ni se rescató, ni asistió nadie”, describió Miño sobre la tarea del área que coordina el secretario de Justicia, Héctor Masquelet, y que supervisa Zaida Gatti hace días denunciada penalmente por haber intimidado a una ex esclava (ver nota al pie) dentro de un juzgado federal.

“Falseaban operativos. Zaida Gatti en un megaoperativo simultáneo en todo el país, Río Gallegos, Córdoba, Tandil, estuvo conmigo y el comisario Jorge Omar Fernández (a cargo de la División Trata) en Chaco. Allanamos un rancherío pobre. No había ninguna mujer esclavizada. Hasta en Río Gallegos el operativo les dio negativo cuando se sabe por los medios periodísticos la trata que allí existe. Entonces una investigación periodística investiga más que la División Trata de la Federal”, sostuvo.

Finalizada la exposición de la funcionaria policial cesanteada, la diputada nacional Marcela Rodríguez preguntó si se había denunciando todo lo que dijo Nancy Miño “porque sino lo tenemos que hacer nosotros los diputados”. Se le aclaró que existe una causa penal “dormida”, según expresó Miño, en manos del juez Ariel Lijo, quien en su momento allanó la división Trata.

Las audiencias para mejorar la Ley de Trata ya concluyeron. Ahora falta saldar los inconvenientes para lograr un dictamen. El diputado Horacio Alicuaz (GEN) reclamó: “No puede ser que no se discuta los proyectos de todos los diputados, entre los que me incluyo. Además se va a sacar un dictamen sin siquiera nosotros haber podido leer las sugerencias de las organizaciones”.

Más allá de las quejas en los pasos adecuados para realizar un dictamen también existe una ruptura del acuerdo parlamentario firmado por casi todos los bloques para mejorar la ley 26.364. La razón es la quebradura del Acuerdo Cívico y Social. Esto llevo a un enrarecimiento de la discusión de los diputados radicales y GEN con los referenciados en Elisa Carrió.

Lo grave es que para las organizaciones antitrata este conflicto político puede bloquear los cambios que promulgan junto a organizaciones religiosas, feministas y algunos funcionarios judiciales como de organismos institucionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo porteña, desde el primer Congreso contra la trata realizado en Villa María, Córdoba.

Es cierto también que cayó abruptamente la presencia de los integrantes de organizaciones civiles en el debate parlamentario.

Los diputados presentes representaban al radicalismo, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, Frente para la Victoria en total cinco, de la Coalición Cívica tres y del Peronismo Federal.