LOS JUECES
FRENTE A LA POBREZA: UNA TENDENCIA QUE SE AFIRMA
La Justicia se involucra
cada vez más en políticas sociales
La Corte
nacional y la bonaerense acaban de ordenarles a distintos municipios que
aseguren la asistencia a grupos desamparados. Ya lo venían haciendo
jueces y camaristas. Las medidas responden a pedidos de remedios,
comida, hasta mejoras en las villas. Los políticos obedecen pero ya
protestan.
Gerardo Young.
gyoung@clarin.com
Pedir
un techo donde cobijarse, reclamar por comida, medicamentos, agua
corriente para el barrio, el arreglo de las redes cloacales para que las
calles de tierra no sean un barrial infecto. Cualquiera de estas
necesidades suelen reclamarse a intendentes, legisladores, gobernantes.
Pero las cosas están cambiando y es la Justicia la que, cada vez con
mayor insistencia, empieza a resolver los pedidos de los vecinos más
desamparados. Una Justicia más humana, dicen algunos. O más sensible. O
más entrometida en los asuntos de gobierno.
La tendencia empezó a asomar como rareza hace unos cuatro años, tras el
derrumbe económico, pero en los últimos meses alcanzó su máxima
expresión gracias a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
cabecera del Poder Judicial, y otras decisiones de la Suprema Corte
bonaerense. No se trata de sugerencias del Poder Judicial para que los
funcionarios públicos atiendan situaciones de emergencia, sino órdenes
de medidas concretas de gestión.
Ejemplos aparecen cada semana. El último fue el martes pasado, en la
resolución en la que se autorizó el aborto —aunque finalmente no se
hizo— de una discapacitada mental de 19 años. En ese fallo, la Corte
bonaerense "exhortó" al Gobierno provincial a asegurarle a la chica y a
su mamá, "los medios para satisfacer su salud, tratamiento y
necesidades sociales básicas". Es decir, que el Estado provincial
deberá hacerse cargo de las dos mujeres, al menos hasta que el caso
abandone el ámbito judicial.
Los derechos a la salud, primero, y a la vivienda y a alimentación, son
los que encabezan la lista de garantías que los jueces están
imponiendo a los funcionarios públicos. Y la Corte Suprema de la
Nación se puso a la cabeza. Hace dos semanas, le ordenó al poder
administrativo —en ese caso al Gobierno bonaerense y al municipio de
Quilmes— la provisión de comida y asistencia médica para un grupo de
familias de villa La Matera, en Francisco Solano (ver página 36).
Fallos de este tipo eran impensables en la Corte Suprema de hace no
tanto tiempo, que en 1997 y 1998 había rechazado amparos casi idénticos
al de La Matera, presentados por vecinos de Santa Fe. Claro, nada de
esto es ajeno a la nueva conformación del Tribunal, que sufrió un
fuertísimo recambio con la llegada de Néstor Kirchner al poder. También,
dicen, responde a la incorporación al país de los Tratados de Defensa de
Derechos Humanos, que reinvindican el "derecho" de los ciudadanos a
cubrir sus necesidades básicas, y una nueva interpretación de las leyes
que están impulsando los jueces.
Abogados y jueces y funcionarios consultados por Clarín reconocen
en la crisis del 2001 la génesis de esta tendencia que parece haber
llegado para quedarse. Hasta entonces eran pocos los jueces que se
animaban a ordenarle a un gobernante una medida concreta de asistencia
social. Entre ellos estaba el juez en lo Contencioso Administrativo de
La Plata, Luis Arias, quien llegó a suspender la construcción de una
papelera porque, dijo, podía afectar la salud de los vecinos. Arias dice
no encontar un motivo puntual sobre el cambio de orientación de los
jueces, más que "en las convicciones personales, ideológicas y éticas".
Es dificil cuantificar el fenómeno, pero hay algunos indicios. En la
Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los doce jueces en lo Con
tencioso Administrativo, el fuero que suele recibir estos reclamos, ya
ha votado ordenándole al Gobierno porteño medidas concretas a favor
de los vecinos. El último lo hizo el viernes 28 de julio, en plena
feria judicial, un período de descanso que sólo suele quebrarse para
situaciones excepcionales. El juez Osvaldo Otheguy levantó la feria
para ordenarle al Gobierno porteño que limpie y prepare un plan
clocal para el sector más precario de la Villa 31 de Retiro (ver
Limpiar...).
Esa decisión fue en respuesta al reclamo hecho por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG que en el último año logró
tres fallos inéditos: que la Justicia atendiera reclamos de vecinos por
considerar que estaban siendo discriminados por su condición de
pobreza. Esa jurisprudencia, inspirada en casos similares de Estados
Unidos, obligó al Gobierno porteño a poner tachos de basura en barrios
del sur de la ciudad, cuyos vecinos se sentían discriminados por tener
menos tachos que el resto.
Nuria Becú, de la ACIJ, sostiene que estos fallos son posibles gracias a
la reforma constitucional de 1994, cuando surgió la opción de litigar
por derechos colectivos. Y lo justifica diciendo que los reclamos ante
los legisladores o los gobernantes se hacen demasiado engorrosos. "La
Justicia hoy es la forma más directa de solucionar problemas",
afirma.
La contracara es el malestar que provocan estos fallos en los
funcionarios públicos, que se sienten ultrajados de sus funciones.
El poder político por ahora acepta pero con malhumor la "avanzada del
Poder Judicial". Claro que negarse a cumplir un fallo puede
significarle desde multas hasta un proceso contra sus funcionarios.
En la Capital y en el Gobierno nacional tienen, por regla, que apelar
todos los fallos que afectan a sus gobiernos. Pero eso es lo formal. La
realidad es que aceptan las órdenes de los jueces, aunque las cumplen
muchas veces a los ponchazos. Sólo la Ciudad de Buenos Aires se anima,
por ahora, a cuestionar en la cara a los jueces. Ante la consulta de
Clarín, lo hace el secretario de Legal y Técnica de la Ciudad,
Sergio Beros: "Los poderes del Estado no deben inmiscuirse. Hay algunos
jueces que están vulnerando sus propios umbrales. No puede ser
que nos digan cómo generar un programa. Esa es tarea del administrador",
se queja.
Los argumentos de Beros son repetidos, pero en voz baja, por
funcionarios provinciales. ¿Se están excediendo los jueces? "Todos los
poderes tienen una tendencia innata a querer sustituir a los otros
—sigue Beros—, pero es necesario un balance. El límite es cuando le
dicen al Gobierno cómo solucionar el problema. Ellos pueden advertir
pero no definir un plan".
Esos límites, claro, son sutiles. Y en la senda más fina caminan cada
día más jueces, situación que aprovechan los abogados que suelen
acompañar las demandas de los más desamparados. Uno de ellos es
Guillermo Permuy Vidal, patrocinante de los vecinos que lograron los
amparos de la Corte Suprema. "Lejos de ser una Justicia que administra,
es ahora una Justicia que hace aplicar los derechos en forma efectiva",
se envalentona.
María Inés Bianco, también abogada, se ha especializado en demandas
judiciales en favor de personas discapacitadas. Bianco trabaja para
varias ONG que se ocupan de este tema y asegura que "la Justicia es la
vía por excelencia para hacer valer estos derechos (de salud), y en la
inmensa mayoría de los casos responde". Ofrece su propia estadística:
los 86 amparos presentados ante distintos juzgados entre enero y julio
pasados fueron aceptados. ¿Qué reclamaba en sus presentaciones? "De
todo: que el Estado (nacional, provincial o municipal) o las prepagas
provean alimentos, vivienda, cobertura de medicamentos o tratamientos a
personas discapacitadas que no pueden acceder a esos derechos".
Claro que no toda la Justicia está subida al mismo tren. "La suerte de
estos reclamos depende mucho del juzgado que toque en el sorteo. Algunos
son más ortodoxos y refractarios", dice el abogado de La Plata Carlos
Boeri, quien durante el 2006 presentó diez amparos por derechos
elementales, con cinco resultados a su favor. Boeri cree que hay un
"criterio de apertura" hacia la protección y el cumplimiento efectivo de
los derechos sociales, que "viene bajando desde la Corte nacional y
recientemente desde la Corte de la Provincia, gracias a la nueva
integración de ambos tribunales".
Carlos Díaz es otro abogado litigante en cuestiones de derechos humanos
básicos, que según sus propios cálculos presenta unos 500 amparos por
año. "Empecé hace unos seis años reclamando por cuestiones relacionadas
con el derecho a la salud, como remedios o tratamientos. Pero con la
crisis tuve que ampliar esos reclamos a otras cuestiones, como la
vivienda o el trabajo. No resolvés nada con una persona que no tiene un
remedio pero tampoco tiene plata para comer, para tomarse el colectivo y
asistir a su tratamiento", dice. Díaz defiende a los jueces de las
críticas que hablan de excesos. "Lo lógico es que todo funcione bien.
Pero los jueces tienen que hacer cumplir la Constitución. Si hay una
violación de la obligación del Estado de proteger los derechos humanos,
la Justicia debe restituir ese derecho".
Las quejas de los políticos empezarán a llegar. Los vecinos más
desamparados, mientras tanto, no entran en discusiones. Para ellos,
donde más rápido, mejor.
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2006/08/06/z-03415.htm
