Juan Gabriel Labaké *

Por encargo del

FORO de los ARGENTINOS

y del

FORO ARG. de la DEUDA EXTERNA

Septiembre de 2000

       I-Introducción................................................................................ 3

       II.- ¿Debemos pagar la deuda?................................................................... 5

           1.- La deuda, ¿fue contraída legítimamente?...................................6        

                 - La denuncia de Alejandro Olmos...............................................6

                 - Política económica del proceso................................................. 7

                 - Procedimientos bancarios con los cuales nos endeudaron.....13

                 - Los avales tramposos..............................................................16

-Los mayores responsables......................................................16

-Agravantes...............................................................................18

                    - Conclusiones del Juez..............................................................21

   2.- ¿Podemos pagar la deuda externa?...........................................21

    3.- Realmente ¿debemos algo todavía?..........................................22

I.- INTRODUCCIÓN

Los argentinos debemos hoy a los bancos extranjeros, al FMI, al Banco Mundial y a otros organismos internacionales, unos

-            200.000 millones de dólares.

150.000 millones son de deuda pública, que deberá pagar el Estado (o sea, todos los argentinos) en forma directa.

Los otros 50.000 millones los deben pagar, teóricamente, las empresas privadas.  Pero para eso necesitan dólares, que el Estado (el Banco Central) está obligado por ley a proveérselos a razón de un peso por cada dólar. En definitiva, todos nosotros deberemos cargar también con las consecuencias de esos pagos.

La cuenta es sencilla:

-     Somos 37 millones de habitantes.

-     Cada uno de nosotros  (aún los chicos al nacer) debe 5.405 dólares a los bancos extranjeros, al FMI y al Banco Mundial.

 De ellos,  4.054 dólares los debe por la deuda pública, y 1.351 dólares por la deuda de  las empresas privadas.

-     Cada jefe de familia tipo (cuatro personas: esposos y dos hijos) deberá trabajar, pues, para pagar 21.620 dólares.

¡Una fortuna!

Pero hay algo más: a las tasas de hoy, cada año debemos pagar unos

-     9.500 millones de dólares de intereses por la deuda pública,

-     y otros 3.000 millones por la deuda de las empresas privadas.

Es decir, un total de 12.500 millones al año: unos 1.042 millones por mes.

-     Eso significa que a cada uno de los 37 millones de habitantes le corresponde pagar 28 dólares mensuales (o más, si aumentan las tasas) durante toda la vida por los intereses de esta deuda monstruosa.

De esa forma,

-     el jefe de familia tipo está pagando ya 112 dólares por mes de intereses de la deuda externa.

Y esto no es un juego de números y de palabras, sino la más cruda realidad.

-     El aumento de impuestos que produjo el gobierno en diciembre de 1999, y la rebaja de los sueldos estatales de mayo de este año, fueron medidas tomadas exclusivamente para pagar los 9.500 millones de intereses de la deuda externa.

Obsérvese que el déficit fiscal del Estado nacional es de unos 5.500 millones anuales hoy en día. Es decir,

-     si no tuviéramos que pagar aquellos 9.500 millones de intereses, nos sobraría dinero (4.000 millones) en las arcas oficiales

y no habríamos necesitado ni el impuestazo de diciembre, ni el salariazo al revés de mayo. Al contrario, con ese dinero podríamos haber construido escuelas y hospitales, aumentado las jubilaciones, ayudado a los desocupados (alcanzaría para pagar un subsidio por desempleo de un poco más de 1.800 pesos o dólares al año a todos los desocupados, es decir, 2.200.000 planes Trabajar, en lugar de los actuales 70.000), etc.

-     Para pagar esos 9.500 millones, aún deberemos soportar otros impuestazos y salariazos al revés, no sólo este año, sino por bastantes años más.

Por otro lado, los economistas nacionales han calculado que el salario real ha disminuido un 25% en los últimos 10 ó 12 años. O sea que

· un trabajador que hoy gana $400 mensuales, debería estar ganando $530 por mes para estar igual que en 1988. 

· Es decir, hoy gana $130 menos, y el peso de los intereses de la deuda son unos $112. ¡Qué coincidencia!

Pero no es una coincidencia casual.

Los gobernantes, con la deuda y con el resto de la política económica de estos años, provocaron voluntariamente la disminución del salario, y con ello lograron concentrar la riqueza del país en muy pocas manos:

· unos diez grupos económicos locales,

· los bancos acreedores extranjeros

· y las grandes corporaciones multinacionales que se quedaron con casi todas las empresas públicas y privadas (las grandes y varias medianas) argentinas.

Esos grupos, a medida que acaparaban nuestras riquezas, exigían dólares al banco Central para girar (fugar) la mayor parte de sus ganancias al exterior. Más adelante veremos que el estudio de distintos rubros de la economía argentina demuestra que la gran parte de la deuda se debió a esa fuga de capitales al exterior.  Otra parte se fugó gracias a la llamada “bicicleta financiera”.

Lo dicho sirve para demostrar la relación que hay entre la baja de los salarios, la concentración de la riqueza y los efectos de la deuda externa.

-     De los $130 que pierde mensualmente  cada trabajador,  $112 se destinan a pagar los intereses de la deuda (creada fundamentalmente por la fuga de capitales),

-     y los otros $18 representan la parte de riqueza concentrada y que no fugaron... aún.

Y ése es el aspecto más alevoso de esta historia: la deuda la estamos pagando todos, pero benefició solamente a un puñado de grandes empresas nacionales y extranjeras que fugaron su ganancia al exterior. Nos quedamos sin nada, mejor dicho, sólo con la deuda.

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II.- ¿DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?

Para responder esa pregunta adecuadamente, debemos considerar previamente cuatro cuestiones:

1.-  La deuda, ¿fue contraída legítimamente?

2.- ¿Podemos pagarla sin provocar un daño enorme a nuestra economía y a nuestro pueblo?

3.- ¿Realmente debemos algo todavía?

4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa en este drama nuestro?

Veamos cada uno de esos aspectos.

1.- La deuda, ¿fue contraída legítimamente?

La denuncia de Alejandro Olmos

En  agosto de 1982, hace justamente 18 años, Alejandro Olmos presentó una denuncia criminal ante el Juzgado Federal Nº 2, para que se investigara el origen de la deuda que, en ese entonces, era de unos 37.000 millones. En 1973, el gobierno de Onganía y Lanusse, dejó una deuda externa de 8.300 millones. El gobierno constitucional la redujo a 7.100 millones al momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976..

Olmos murió en abril de este año, cuando faltaban pocos meses para que su denuncia diera frutos. El juez, Dr. Jorge Ballestero, dictó sentencia en ese juicio el 15 de julio de este año.

A dicha denuncia de Olmos, se sumaron luego otras presentaciones judiciales similares efectuadas por Jorge Eduardo Solá, José Alberto Deheza,  José Manuel Marino, Carlos Alberto Hours, Walter Beveraggi Allende, Carlos Saúl Menem (en 1984, mientras era gobernador de La Rioja) y Osvaldo Destéfani.

En los 18 años que duró ese juicio iniciado por Olmos, se reunieron más de 6.000 hojas con pericias, declaraciones de testigos y otras pruebas y trámites judiciales, y se investigaron detalladamente 457 créditos aprobados por el Banco Central, más 20 avales mal otorgados por el Banco de la Nación y por el ex Banco Nacional de Desarrollo-BANADE.

Los principales bancos extranjeros involucrados en esos créditos fueron el Bank of América, Republik Bank of Dallas, Citibank, Banco de Boston, Chase Manhatann Bank, Lloyds Bank, Wells Fargo Bank, Citicorp, Marine Midland Bank, Banco Mundial, Unión de Bancos Árabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco di Roma y Banco de la Nación Argentina. El asunto era muy “pesado” porque involucraba a los poderosos y reales dueños de nuestro país: grandes bancos extranjeros, FMI, Banco Mundial, grandes empresas multinacionales, unos 10 grupos económicos argentinos enormes, y un equipo numeroso de altos funcionarios del Proceso Militar.

Por ese motivo, dicho  juicio tardó tanto tiempo. Ningún juez se animaba a dictar sentencia sin estar muy seguro de lo que iba a hacer. Por la misma causa, los jueces no se conformaron con las pericias de los contadores y economistas estables de Tribunales, que son muchos y capaces, sino que pidieron a las más prestigiosas instituciones nacionales de ciencias económicas que sugirieran nombres de profesionales de primer nivel como peritos especiales.

De esa manera, intervinieron en total 30 peritos de alta capacidad y solvencia moral, entre los cuales se destacan el Dr. Sabatino Fiorino, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; el Dr. Alberto Tandurella, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires; el Dr. William Leslie Chapman, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (que presidía el Dr. Guillermo Walter Klein, padre del economista del mismo nombre que estaba investigado en ese juicio); los Dres. Héctor Valle y Osvaldo Trocca, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico; el Dr. José Alberto Deheza, ex Fiscal de Estado y ex ministro de Defensa; el Dr. Nicolás Argentato, que en ese tiempo era rector de la Universidad Católica de La Plata; y el Dr. Enrique García Vázquez, que luego fue presidente del Banco Central.

El alto nivel profesional y humano de los peritos es lo que le da tanta importancia a sus dictámenes. Nadie puede poner en duda sus conclusiones.

Los doctores Valle, Trocca, Deheza, Argentato y García Vázquez investigaron la política económica que se aplicó entre el 24 de marzo de 1976 (fecha del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional) y el 10 diciembre de 1983, día en que terminó el llamado Proceso Militar. Ahora debe investigarse desde 1983 en adelante.

El resto de los peritos investigó el procedimiento técnico y bancario que usaron los gobernantes de ese período para contraer la deuda.

Además, se tomó declaración a 29 testigos, y se pidieron 20 informes por escrito a otros tantos funcionarios.

La política económica

El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 nombró como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, el cual formó su equipo con economistas surgidos, casi todos, de la Universidad anglo-norteamericana de Chicago. Todos ellos se desempañaban, hasta ese momento, como asesores y ejecutivos de bancos y empresas extranjeras. El propio Martínez de Hoz era, y lo siguió siendo siempre (hasta hoy), miembro del Consejo Asesor Internacional  del Chase Manhatann Bank, de propiedad de David Rockefeller y su familia.

Al asumir el gobierno militar, Martínez de Hoz proclamó dos objetivos centrales de su política económica:

· eliminar la inflación

· y modernizar (“deconstruir”) la industria nacional. 

Obsérvese que son los mismos dos objetivos que proclamaron en 1989 y 1991 los doctores Carlos Menem y Domingo Cavallo.

“Deconstruir” la industria, según Martínez de Hoz y su equipo, significaba

“destruir el aparato industrial que ya existía, por ser  ineficiente, para construir luego uno moderno y eficiente que pudiera competir internacionalmente”.

Para alcanzar esos dos objetivos centrales (vencer la inflación y “modernizar” la industria), desde 1976 se dispuso:

· Reducir drásticamente la emisión de dinero desde el Banco Central.

· No autorizar aumentos  de tarifas de los servicios públicos (cuyas empresas eran estatales).

· “Abrir” la economía a las corrientes comerciales (exportación e importación de mercaderías), para lo cual se bajaron los impuestos a las importaciones (para obligar a bajar los precios de los productos nacionales).

· Decretar la libertad de movimientos para los capitales financieros internacionales (se podía entrar y sacar del país cualquier moneda extranjera).

No hace falta ser economista para darse cuenta que:

· Al reducir la emisión de dinero nuestro, cada vez que el Estado tenía déficit fiscal, debía pedir un préstamo al exterior. No había otro remedio, pues los argentinos no disponían de suficientes ahorros en pesos como para prestárselos al Estado.

· Al no permitir aumentos en las tarifas de los servicios públicos para cubrir los mayores costos producidos por la inflación que seguía existiendo, las empresas del Estado tenían obligatoriamente que pedir préstamos en el extranjero para cubrir el bache.

· Al bajar los impuestos aduaneros, los productos importados desde países con menores salarios, o con tecnologías más avanzadas, arrasaban a los nuestros y hacían tambalear a las empresas nacionales, forzándolas a pedir préstamos en el extranjero en su afán de salvarse de la quiebra.

· Al decretar la libre entrada y salida de capitales financieros, venían sobre todo los especulativos de corto plazo (los “golondrinas”), que vienen, especulan  con rapidez y se van (fugando “libremente” sus ganancias).

En definitiva, se adoptó intencionadamente una política económica que impulsó al país a endeudarse en el extranjero, con o sin necesidad, y a cubrir los  subsiguientes requerimientos nuestros de créditos externos (insistamos, artificialmente creados) con capitales especulativos (“golondrinas”).

Por otro lado, con el mismo argumento de bajar la inflación, Martínez de Hoz adoptó la llamada “tablita cambiaria”, por la cual uno podía saber con varios meses de anticipación el precio al cual el Banco Central se obligaba a venderle esa moneda extranjera cada semana.

Finalmente, y como era de prever, los intereses que cobraban los bancos radicados en la Argentina eran bastante más altos que los que se cobraban en los países desarrollados. Ese fenómeno era y es conocido por todos los economistas, pues la inflación (la existente en forma abierta, o la reprimida o disimulada) y la debilidad de nuestra economía “asustan” a los inversores (sobre todo a los especulativos), los cuales exigen mayores intereses para prestarnos sus dólares.

Todo ello dio nacimiento a una gigantesca “bicicleta financiera” como ya veremos.

Sigamos observando la similitud entre esa situación y la actual. La única diferencia “técnica” es que antes se les aseguraba a los especuladores un cambio fijo a través de la “tablita”, y hoy se lo hace con la convertibilidad “uno a uno” entre el peso y el dólar.

De esa manera, quien deseara o necesitara obtener un préstamo, estaba tentado, sino obligado, a recurrir al extranjero.

El asunto se agravó para las empresas del Estado, pues Martínez de Hoz y su equipo, no sólo les negaron los aumentos de tarifas para cubrirse de la inflación reinante, sino que les exigieron pedir créditos en el extranjero, aún cuando no lo necesitaran. Cuando llegaron los dólares al Banco Central (por ahí debían entrar siempre), el Ministerio de Economía le dio orden de

· no entregarlos a la empresa estatal que los pidió, sino darle a ésta sólo los pesos correspondientes y al cambio oficial (que era artificialmente menor que el cambio “libre”,  el “del mercado”);

· el Banco podía, luego,  retener esos dólares en sus arcas (o depositarlos en un banco extranjero), que pasaban así a engrosar las “reservas internacionales”;

· también podía venderlos “en el mercado” (a los particulares y a las empresas privadas que los solicitaran para emplearlos casi siempre en  la “bicicleta financiera”); con ello lograban mantener la “tablita cambiaria” sin modificaciones (en esto se empleó la gran mayoría de los dólares).

Cada empresa del Estado fue obligada a meterse en esa trampa: YPF, YCF, SEGBA, OSN, Aerolíneas Argentinas, etc. Todas.

De modo que nuestras empresas públicas se endeudaron sin necesidad, pero no vieron los dólares. El Banco Central les entregó pesos. Cuando hubo que pagar esos créditos, las empresas públicas pidieron al Banco Central que, al menos, les vendiera dólares al precio oficial (que era, insistamos, mucho más barato que el dólar “libre”, el que se  compraba “en el mercado”). El Banco se los negó, a pesar de que las empresas privadas, como ya veremos, sí compraban sus dólares al precio oficial, pues se les había otorgado (Cavallo, en 1981) lo que se llama “un seguro de cambio” garantizado por el Estado. Las empresas públicas, pues, debieron comprar dólares caros, carísimos, en el “mercado”, para pagar  créditos externos que no necesitaban y cuyos dólares no recibieron nunca. Los peritos han determinado que YPF, por ejemplo, fue obligada a endeudarse de esa forma en 6.000 millones de dólares. Entre febrero de 1979 y marzo de 1980, YPF fue obligada a tomar 153 préstamos en el extranjero, la mayoría con plazos menores a los seis meses.

La prohibición de aumentar las tarifas de los servicios, decretada por Martínez de Hoz a pesar de la inflación vigente, junto con esta maniobra increíble, fueron las principales responsables del déficit que soportaron las empresas públicas. Por eso,

el juez Dr. Jorge Ballestero, al dictar sentencia en el juicio iniciado por Alejandro Olmos, afirma que esa deuda artificial (realmente “inventada”)  de las empresas del Estado influyó para que, luego, cuando Menem y Cavallo las privatizaron, su precio fuera muy inferior al valor real de ellas.

A su vez, los dólares que llegaban por los préstamos tomados forzadamente por las empresas públicas, y volcados “al mercado” por el Banco Central, eran  aprovechados por las grandes empresas nacionales y extranjeras y por simples especuladores para beneficiarse impunemente con la citada “bicicleta financiera”, fomentada por la política económica. Un “inversor” (extranjero o argentino) compraba esos dólares baratos, los cambiaba por pesos y los colocaba en un plazo fijo a un interés del 9% y hasta del 25%, según la época, cuando en el exterior sólo le habrían pagado entre el 3% y el 7%.

Muchos, incluso, pedían un préstamo en el extranjero, por el cual pagaban bajos intereses, traían los dólares acá; los cambiaban por pesos, y colocaban éstos a plazo fijo con elevados intereses. Al cabo de seis meses o un año, retiraban el plazo fijo, lo volvían a transformar en dólares, reintegraban el crédito pedido en el extranjero y se quedaban con una suculenta ganancia que fugaban al exterior. Todo ello, recordemos, era facilitado por la “tablita”, que aseguraba un dólar barato y conocido de antemano, y por la libertad de movimientos de los capitales (podían entrar y salir libremente).

Sin duda existieron pequeños inversores (también especuladores) que hicieron su “bicicleta” por algunos miles de dólares. Pero los miles de millones que perdimos fueron producto de las gigantescas “bicicletas” de grupos con mucho, muchísimo, poder económico, que en más de un caso estaban íntimamente ligados con los más altos funcionarios económicos del gobierno.

En este punto, el Dr. Enrique García Vázquez aportó al Juzgado un dato de suma importancia:

-     Entre 1978 y 1981, las remesas (giros) de dólares al exterior que no tuvieron justificativo alguno (o sea, la fuga de capitales) sumaron en total 38.528 millones de dólares.

-     Al finalizar 1981, nuestra deuda externa era de 31.794 millones.

-     Eso significa que, si las grandes empresas nacionales y extranjeras y los especuladores no hubieran fugado sus ganancias (obtenidas por la concentración de la riqueza y por la “bicicleta financiera”), en diciembre de 1981, dice el Dr. García Vázquez, nosotros ya no habríamos tenido deuda externa, sino un sobrante de 6.734 millones de dólares.

A una conclusión semejante llega el Dr. José Alberto Deheza, para un período cercano al estudiado por el Dr. Vázquez.

-     Entre 1976 y 1981, la deuda creció en 27.586 millones;

-     pero nuestro déficit de cuenta corriente (exportaciones contra importaciones, más déficit en el rubro intereses, servicios, seguros, “royaltíes”, etc.), que es el único que crea necesidad real de pedir préstamos extranjeros, fue de sólo 5.586 millones.

-     Es decir, sobran 22.000 millones de deuda que sólo pueden explicarse por la inmensa fuga de capitales que fomentó el gobierno.

A grandes rasgos, ésa fue la política económica que produjo el endeudamiento hasta 1983, y que aún continúa en nuestros días. Por ese mismo motivo nos seguimos endeudando a pasos agigantados.

Al respecto, el licenciado Eduardo Basualdo, del Instituto de Estudio sobre Estado y Participación-IDEP, ha efectuado un cálculo que no figura en el fallo del juez Ballestero:

-     Entre 1991 y 1998, los empresarios recibieron 70.400 millones más de ganancias que el promedio recibido entre 1970 y 1975, debido a la concentración de la riqueza a que hemos aludido.

-     En el mismo período fugaron del país una cifra muy cercana: 63.400 millones.

La similitud es por demás sugestiva.

La fuga tiene además, actualmente, otras vertientes. Los economistas de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico-FIDE, han calculado que, entre 1992 y 1997, las empresas extranjeras fugaron disimuladamente unos 12.000 millones a través de las siguientes maniobras (tampoco figuran en el fallo del juez):

-     Cada vez que invierten una suma de dólares acá, la hacen figurar como “préstamos de la Casa Matriz” a su sucursal argentina, con los intereses del caso. De ese modo fugan una buena suma disfrazada de “pago de intereses”. De paso, esos intereses figuran como “gastos” en sus balances, ahorrándose el correspondiente impuesto a las ganancias.

-            Cuando la sucursal argentina le compra algún insumo a su Casa Matriz, ésta se los factura con un sobreprecio inmenso (hubo casos en que se “pagó” 1.850 dólares por el kilo de un producto cuyo precio internacional real era de sólo 40 dólares); con ello logran igual resultado que en el punto anterior: fugan dólares y pagan menos impuesto a las ganancias.

-     La sucursal Argentina figura pagándole patentes (“royalties”) a su propia Casa Matriz por las marcas y la tecnología que usa.

La conclusión es bien clara: los dólares vinieron y se fugaron por distintos vericuetos, para beneficio exclusivo de unos pocos “amigos” (de acá y de afuera). Así creció nuestra deuda externa, sin dejarnos nada.

Los procedimientos bancarios con los cuales nos endeudaron

El juez Ballestero, en su sentencia, menciona numerosas irregularidades (en realidad, son maniobras casi siempre delictivas) que cometieron los responsables del Banco Central y del Ministerio de Economía para contraer la deuda fuera de toda norma de control y a espaldas de la gente. En el tema de los avales, también son responsables las autoridades del Banco de la Nación y del ex Banco Nacional de Desarrollo-BANADE. En resumen, dichas maniobras fueron las siguientes:

1.-  Muchos préstamos fueron aprobados por el Banco Central por actas secretas (fueron once actas en total). Cuando el juez solicitó que se las enviaran, los responsables del Banco se negaron, y aún se niegan.

2.- “El Banco Central no tiene registros contables de la deuda externa, y sólo maneja los datos de ella en forma estadística”, dijo al juez su entonces presidente, Dr. Adolfo Diz. Con el debido respeto, sólo llevaban una libreta de almacenero donde anotaban cada crédito que se pedía...

3.- El Ministerio de Economía no llevaba registro alguno de la deuda, ni siquiera con fines estadísticos.

4.- Cuando el juez preguntó al mismo Dr. Diz dónde anotaban algunos préstamos sobre los cuales no había ninguna documentación, ni siquiera “estadística”, éste contestó, aunque parezca una broma, “en una libreta negra”.

5.- Los peritos se quejaron que, tanto el Banco Central, como el Ministerio de Economía, el Banco de la Nación y el ex BANADE,  retacearon información y pusieron obstáculos a su labor investigadora. Esos obstáculos permanecen aún en la actualidad.

6.- El presidente del Banco Central, Dr. Adolfo Diz, autorizó muchos créditos sin el consentimiento del Directorio y sin rendir cuenta a éste después, a pesar de que  la Carta Orgánica del Banco así lo exige.

7.- Igual conducta tuvo el vicepresidente, Cristian Zimmermann, con el agravante de que no informó siquiera al presidente Diz.

8.- Además de todas las maniobras descriptas, el Dr. Domingo Cavallo, cuando fue presidente del Banco Central (1981), estatizó la deuda de la empresas privadas y les otorgó un generoso seguro de cambio. Esa medida aumentó la deuda externa pública artificialmente en 13.000 millones de dólares.

9.- Ni el Directorio del Banco Central, ni el Ministerio de Economía, realizaron un estudio sobre las condiciones económica y financieras internacionales que aconsejaban no endeudar al país (sobre todo a partir de 1979, que  fue justamente el período  en que más deuda externa se contrajo).

10.- Las autoridades de ambos organismos oficiales desoyeron los informes y las críticas que le elevaban sus propios cuerpos técnicos (Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas, y Gerencia del Sector Externo), y actuaron con “negligencia, impericia e indiferencia” ante el peligroso crecimiento de la deuda.

11.- El acrecentamiento de la deuda externa privada y pública entre 1976 y 1982 fue “excesivo, perjudicial y carente de justificación económica, financiera y administrativa”.

12.- La deuda se contrajo durante un gobierno militar, sin el control del Parlamento que exige la Constitución Nacional.

13.- Las negociaciones con el FMI, que condicionaban el endeudamiento, no fueron dadas a publicidad por el gobierno militar.

14.- Al 22 de enero de 1985, las empresas privadas habían obtenidos créditos externos, aprobados por el Banco Central, por 23.000 millones de dólares; de entre las 70 deudoras más grandes, 26 eran bancos y financieras, es decir, empresas que pidieron dinero para represtarlo acá (en pesos y a tasas mucho mayores; en buena medida fueron fondos que ingresaron a la “bicicleta financiera”).

15.- Agentes privados (como Narciso Ocampo y Juan Peralta Ramos) gestionaron créditos en nombre del Banco Central, sin que puedan conocerse los motivos que hubo para esa conducta irregular y si se les pagó comisión por ello.

16.- El Banco Central pagó gastos,  comisiones y honorarios mayores a los usuales en cada caso, sin dar explicaciones.

17.- Se redactaron en idioma inglés contratos de préstamos externos pactados y firmados en Buenos Aires.

18.- La Unión de Bancos Suizos, al otorgar algunos créditos, influyó para que el Estado comprara la “Compañía Ítalo Argentina de Electricidad”, que era del propio ministro de Economía, Dr. Martínez de Hoz, en sociedad con dicho banco. Con el agravante (no figura en el fallo del juez) de que se pagó por esa empresa un precio siete veces superior al real (en 1975 fue tasada en 49 millones de dólares por el gobierno constitucional, y en 1976, siendo ya ministro Martínez de Hoz, el Estado la compró en 340 millones de dólares).

19.- El Banco Central exceptuó al BANADE y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires de exigir los requisitos legales para otorgar avales a grandes empresas que luego no pagaron sus créditos, debiendo hacerlo el Estado.

Los avales tramposos

Cualquier persona o empresa que desee obtener un aval bancario, para usarlo como garantía en la obtención de un crédito en otro banco, debe cumplir muy estrictas normas técnicas: demostrar que tiene solvencia, patrimonio, balances con superávit,  utilidades suficientes como para pagar el crédito, que invertirá el crédito en un proyecto rentable, etc. Además, debe ofrecer una contragarantía al banco que le da el aval (casi siempre, exigen una hipoteca).

Sin embargo, en la época investigada (1976 á 1983), el Banco de la Nación, el de la Ciudad de Buenos Aires y el BANADE, con expresa aprobación del Ministerio de Economía y del Banco Central, otorgaron 240 avales sin ninguna de esas exigencias. Muchos de esos    avales fueron incumplidos por los avalados, y el Estado debió cargar con el pago del crédito correspondiente. Además, el Ministerio de Economía no persiguió a los  deudores tramposos para recuperar lo ya pagado por el Estado (ni siquiera les inició juicio, después de tantos años). Tampoco hizo uso del llamado “derecho de excusión”, por el cual un avalista puede pedir al juez que primero le rematen los bienes al deudor, y si con ellos no se alcanza a pagar la deuda, recién se remata (o ejecuta) al avalista.

La situación de Martínez de Hoz y su equipo se agrava al considerar los nombres de las empresas tramposas. No son humildes PyMes, sino todas de gran envergadura: Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A.-AUSA, Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa S.A. (de propiedad de los diarios Clarín y La Nación),  Induclor S.A., etc.

En total se otorgaron avales por 6.500 millones de dólares, de los cuales los incumplidos tramposamente sumaron 1.405 millones. De aquellos 6.500 millones, unos 1.500 millones se otorgaron a un sólo grupo de intereses: Celulosa Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel del Tucumán.

Los mayores responsables

El fallo del juez menciona a ocho responsables principales de esta verdadera estafa cometida contra la Argentina.

En primerísimo lugar, responsabiliza al Dr. José Alfredo Martínez de Hoz. Inmediatamente después, sindica como responsables a los otros tres ministros de Economía del Proceso Militar, Dres. Lorenzo Sigaut, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.

En el mismo nivel de responsabilidad, el juez Ballestero señala a los cuatro presidentes del Banco Central de ese período, Dres. Adolfo Diz,  Egidio Iannella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar.

Una mención especial merece la conducta del Dr. José Luis Machinea, que fue Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante todo el gobierno militar. El fallo del juez lo inculpa de “incumplimiento de sus obligaciones de funcionario público”. Los dictámenes de los peritos son más duros aún. El Dr. Sabatino Fiorino (de la Facultad de Derecho), en concordancia con otros peritos,  llega a decir:

-     ... en la tramitación de la deuda externa hubo connivencia (de los funcionarios oficiales) con los supuestos acreedores...

-     Tengo la convicción que el Dr. Machinea ha sido factor relevante de estos acontecimientos. Sin su activo concurso, o su pasividad, según los casos, no hubiera sido posible formalizar los contratos...

-     ... Machinea se encargó de fundamentar técnicamente... el endeudamiento de YPF...

-     ... No es posible disimular la falta en que ha incurrido Machinea al no revelar la arbitrariedad de la relación entre el deudor y el acreedor.

-     ... Ello hace recaer sobre Machinea la consiguiente responsabilidad y necesidad de no permitirle participar, en nombre del país, en negociaciones que signifiquen la aceptación de la legitimidad de la deuda...

Otros señalados, en forma particular,  como responsables importantes son:

Cristian Zimmermann (ex vicepresidente del Banco Central), Enrique Folcini y Francisco Soldati (ex Directores del Banco Central), y Guillermo Walter Klein (ex viceministro de Economía de Martínez de Hoz). El Dr. Klein es hijo del economista del mismo nombre que designó al perito Dr. Tandurella. También es, o era, socio del hijo de Mariano Grondona en el Estudio Jurídico “Klein-Mayrald”, que fue allanado por orden de la Cámara de Diputados de la Nación, en 1984, en búsqueda de documentación que probara la connivencia con los bancos extranjeros acreedores. Un juez, posteriormente, ordenó devolver la documentación a Klein, y la investigación de Diputados quedó en la nada.

En forma genérica, el fallo hace responsables también a todos los funcionarios jerárquicos del Ministerio de Economía y del Banco Central de esa época.

Agravantes

El Dr. Ballestero señala en su fallo que hubo circunstancias de suma gravedad que comprometen aún más a los autores de este desastre nacional:

Primer agravante

El gobierno (Ministerio de Economía y Banco Central) solicitaba, o hacía solicitar créditos que no necesitábamos. Cuando llegaban los dólares, el Banco Central los depositaba en bancos extranjeros que le pagaban un interés sensiblemente menor al que nosotros debíamos pagar por los mismos dólares.

Así, entre julio  y noviembre de 1976 (en sólo cinco meses), el Banco Central obtuvo créditos por 22 millones de dólares, pagando un interés del 8,75%, y los depositó inmediatamente en el Chase Manhatann Bank de Nueva York, cobrando un interés del 5,60%.

Esos dólares nuestros, puestos a un interés tan bajo, eran aprovechados luego por el gobierno de EEUU para financiar en forma muy barata su propio déficit fiscal. Más adelante veremos que el gobierno anglo-norteamericano, y todos los bancos extranjeros acreedores nuestros, más el FMI y el Banco Mundial, fueron quienes nos “aconsejaron” (en realidad, nos forzaron a) endeudarnos entre 1976 y 1983, cuando no lo necesitábamos.

Incluso, se dio el caso (varias veces) de recibir un crédito de un banco determinado, para recolocarlo de inmediato en el mismo banco, el cual ganaba la diferencia de intereses impúdicamente.

Todo ese manejo ruinoso de créditos y depósito adquiere ribetes tenebrosos cuando se recuerda que el Dr. Martínez de Hoz era, simultáneamente, ministro de Economía y miembro del Consejo Asesor Internacional del Chase Manhatann Bank de Nueva York.

Segundo agravante

En todos los países civilizados del mundo, cuando se firma un contrato entre el Estado y una empresa privada extranjera, y para colmo se lo firma en el territorio de ese Estado, son los jueces de dicho país (los locales) quienes deben intervenir si hay alguna diferencia o duda posterior sobre lo pactado. Así estaba expresamente establecido en nuestras leyes.

Apenas se inició el gobierno militar, y a instancias del Dr. Martínez de Hoz, se reformó esa norma y se permitió al gobierno contratar con grupos privados extranjeros, dejando en manos de éstos la elección del juez que intervendría luego en caso de pleitos. Eso se llama “prórroga de jurisdicción”.

Es común que un particular renuncie a ser juzgado por los Tribunales que le corresponden por ley, pero se conocen muy pocos casos en la historia internacional en que lo haya hecho un Estado, y esos casos son los de los países vencidos en una guerra. Para el Estado, la facultad de que lo juzguen sus propios jueces es irrenunciable, porque forma parte de su poder soberano, de la soberanía nacional.

Por supuesto, cada uno de los bancos acreedores eligió a los Tribunales de su propio país. De ese modo, cualquier reclamo que deseemos hacer por nuestra deuda externa debemos elevarlo a los jueces de Nueva York, en unos casos, o de Londres, Tokio o Francfort, en otros.

Es, quizás, uno de los más graves daños que nos han hecho, no sólo por la pérdida de soberanía que eso significa, sino por las consecuencias económicas que analizaremos más abajo.

Tercer agravante

Ya dijimos que el Ministerio de Economía obligaba a las empresas públicas a endeudarse en dólares. Muchas de ellas no poseen bienes en el extranjero, ya sea en forma estable o transitoria. Otras sí.

A los bancos prestamistas les convenía, para tenernos más a su disposición aún, que todas las empresas estatales se hicieran solidariamente avalistas entre sí, por los créditos que tomara cada una de ellas (se denomina “entrecruzamiento de avales”). Y así  lo aceptó el ministro de Economía del gobierno militar. Todas las empresas públicas avalaron en conjunto las deudas de cualquiera de ellas. De ese modo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo (cuyos aviones vuelan, o volaban, hacia muchos países del mundo), avaló las deudas de Obras Sanitarias de la Nación, de SEGBA, o de alguna otra cuyos bienes estaban sólo acá. Si el deudor (OSN o SEGBA) no pagaba algún crédito, el banco acreedor podía embargar los aviones de Aerolíneas en cualquier aeropuerto del mundo en que aterrizaran. Nada menos.

Cuarto agravante

El doctor Alfredo Eric Calcagno y su hijo Eric Calcagno, han examinado (en el Archivo General de la Nación) los expedientes de cada crédito extranjero tomado por el gobierno argentino entre 1976 y 1983, y han  descubierto anormalidades sorprendentes en los dictámenes jurídicos que hicieron los abogados del Banco Central y de la Procuración General del Tesoro en cada uno de tales expedientes. Concretamente, dichos abogados nunca objetaron una sola cláusula de esos créditos, a pesar de todas las irregularidades que hemos señalado más arriba. En cambio, los abogados de los propios bancos acreedores advertían a sus clientes que los contratos de créditos al Estado argentino tenían cláusulas objetables por las que podrían ser declarados nulos:

a)   Se habían pactado intereses tan altos que los Tribunales de Nueva York los considerarían usurarios.

b)   Una ley de EEUU establece que es nula la prórroga de jurisdicción que haga un Estado extranjero a favor de un banco (o cualquier particular) anglo-norteamericano cuando se trata  de cuestiones de derecho público. Los contratos de préstamos que se firmaron contienen muchas cláusulas de derecho público que podrían ser anuladas por los Tribunales de EEUU.

c)   Ésta es quizás la más grave: si el Estado argentino dejaba de pagar una sola cuota de un crédito, o sus intereses (por pequeña que fuera la cifra), vencían todos los créditos otorgados por cualquier banco extranjero, y éstos podían exigirnos  su pago íntegro (miles de millones de dólares).  Tamaña monstruosidad fue objetada por los abogados extranjeros porque consideraron que atentaba contra la equidad y, por lo tanto, seguramente sería anulada por los Tribunales de EEUU.

d)   Lesión gravísima: los abogados extranjeros creen que las condiciones de los créditos son tan ruinosos  para  la Argentina, que los tribunales neoyorquinos  podrían  considerar que constituyen

      un caso de “lesión gravísima”, cuestión que tratamos más abajo.

 

La calificación moral, jurídica y política que merecen los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central de esa época, y todos sus abogados, se agrava cuando se tiene en cuenta quenunca solicitaron a los Tribunales extranjeros correspondientes la anulación de esas cláusulas leoninas, a pesar de que los propios abogados extranjeros se las señalaban.

La triste realidad, dicen los doctores Calcagno, es que nos defendían mejor los abogados extranjeros que los oficiales.

Es muy sugestivo que los dictámenes de los abogados argentinos son todos iguales, hechos sobre un impreso a mimeógrafo que tiene sólo dos lugares en blanco :uno para escribir el nombre del Banco acreedor y otro para colocar el monto del crédito que nos otorgaban. Sin duda tenían “órdenes de  la superioridad” de aprobar todo “a libro cerrado”, por más monstruoso que fuera.

Conclusiones del Juez Ballestero

Con toda razón, el juez Jorge Ballestero concluye su sentencia con palabras condenatorias y muy severas:

... el país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores externos..., bajo la supervisión del FMI y del Banco Mundial... mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país... para beneficiar a empresas privadas nacionales y extranjeras, en desmedro de las empresas del Estado.

A pesar de todo, el juez no condenó a nadie, por considerar que la causa ha prescripto (es decir, ha quedado sin efecto por el paso del tiempo: 18 años). Desde nuestro punto de vista, eso es discutible, y trataremos que sea apelado.

Vale la pena consignar que se nos dice permanentemente, desde los sectores interesados, que debemos “honrar la deuda externa”. Pero, objetivamente hablando y de acuerdo a las pruebas irrefutables acumulados en este fallo,  la que no es “honrada” es la deuda misma, y mucho menos honrados fueron los acreedores y los funcionarios argentinos que la contrajeron. Mal nos pueden pedir que nosotros la honremos.

La verdad es que, mientras no nos demuestren lo contrario, los únicos honrados en esta verdadera tragedia nacional somos los argentinos que tenemos que pagarla.

2.- ¿Podemos pagar la deuda externa sin provocar un daño enorme a nuestra economía y a nuestro pueblo?

Tanto los principios morales, como el Derecho universalmente aceptado, impiden a un  acreedor exigir el pago de sus créditos cuando ello provocaría un daño muy grande al deudor. La sensibilidad humana ha dictado esa regla respetada en todo el mundo. El mayor poeta y dramaturgo de lengua inglesa (la lengua que hablan nuestros más poderosos y exigentes acreedores) escribió hace 400 años una novela (El mercader de Venecia) sobre la frialdad con que un acreedor insensible e inhumano exige, como pago, “una libra de carne” del deudor, cuando éste ya no tiene dinero para “honrar su deuda”.

Sin ningún tipo de exageración, hoy podemos decir que los bancos acreedores se están cobrando la deuda con una libra (o varias) de  carne de nuestra gente. Es sabido que mueren 55 niños argentinos por día, debido a la desnutrición. No hace falta relatar los sufrimientos que soportan nuestros abuelos jubilados, los desocupados, los subempleados, los que salen a hacer changas para no dejar morir de hambre a su familia, etc. Y hemos dicho ya que esas lacras sociales son productos directos e ineludibles de los 12.500 millones de dólares que debemos pagar de intereses anuales por la deuda externa.

Además, esa tremenda factura de intereses se lleva casi todo el dinero que deberíamos destinar a inversiones productivas para desarrollar nuestra economía y  crear nuevos puestos  de trabajo.

Por otro lado, en Derecho se estudia que, cuando un deudor es más débil  que su acreedor, y éste le exige sacrificios muy grandes para cumplir con lo pactado, dicho deudor está liberado de cumplir con lo que prometió. A ese caso se lo denomina “lesión gravísima”.

Nosotros estamos sufriendo una auténtica situación de “lesión gravísima”. Moral y jurídicamente estamos eximidos de pagar.

Hoy, a la luz de lo que descubrieron los Dres. Calcagno sobre los dictámenes de los propios abogados de los bancos extranjeros (Cuarto agravante), se podría estudiar alguna presentación ante los Tribunales de Nueva York y otras ciudades.

3.- Realmente, ¿ debemos algo todavía?

La deuda comenzó a crecer abrupta y aceleradamente a partir del 24 de marzo de 1976 (día del golpe militar). Ya veremos porqué.

En ese tiempo se respetaba una regla no escrita, pero universalmente aceptada, sobre el monto de los intereses: debían ser uno o dos puntos más que la inflación que sufría la moneda en la que se daba el préstamo. En ese entonces, un economista argentino que  era nada menos que Director General de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina, perteneciente a las Naciones Unidas), el Dr. Raúl Prebisch, dijo públicamente:

El país que acepte pagar intereses del

tres ciento sobre la inflación, se fundirá.

En 1979, y cuando ya nos habíamos endeudado en varios miles de millones de dólares, EEUU decidió aumentar sustancialmente las tasas de interés del dólar, para frenar la inflación que sufría. Hasta ese momento, pagábamos entre el 6% y el 8% de interés. Debido a esa decisión unilateral del gobierno anglo-norteamericano, llegamos a pagar, en la década de  1980, hasta el 22% de interés anual. Una deuda con esa elevadísima  tasa de interés se duplica por sí sola en menos de cuatro años. Ése fue nuestro caso.

Los Dres. Calcagno han calculado que, si hubiéramos pagado siempre un interés de uno o dos puntos sobre la inflación de EEUU, habríamos saldado totalmente nuestra deuda en 1988.

El ex presidente peruano, Alan García, por su lado, calcula que debido a esa suba injustificada y unilateral de los intereses estadounidenses,

Latinoamérica debía en 1979.................................................................................................191.000  millones.

Desde ese año ha pagado intereses  por ......................................................................... .1.165.000  millones.

A pesar de lo cual, en 1999 debía aún.................................................................................  750.000  millones.

Esas cifras hablan por sí solas.

Los argentinos hemos pagado nuestra deuda entre dos y tres veces, y todavía debemos 200.000 millones.

También acá se podría estudiar alguna acción (por usura) ante los Tribunales de Nueva York y otros, según lo descubierto por los Dres. Calcagno.

4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa en este drama nuestro?

Dejemos hablar al juez Dr. Ballestero:

v Llama poderosamente la atención la permisividad de los organismos financieros internacionales, y la actitud concordante de la misma banca extranjera que hoy reclama a la República Argentinas el pago de sus créditos.

v El FMI es en la actualidad el principal control del funcionamiento del sistema financiero internacional.

v Por ello, se debe determinar la corresponsabilidad y eventual culpa de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial, especialmente) y de la banca acreedora, porque durante el período examinado (1976 a 1982) concurrieron a nuestro país muchas misiones técnicas del FMI para analizar la marcha de la economía Argentina.

v   Además, concurrieron a nuestro país misiones técnicas del Banco Mundial con el mismo fin y para tratar el financiamiento de proyectos.

v ¿Qué recomendaciones realizaron el FMI y el Banco Mundial sobre la economía Argentina y su grado de endeudamiento externo?

v Los bancos tenían en aquel entonces gran interés en colocar sus fondos en los países en desarrollo, sin interesarles ni el destino que se les daría ni la capacidad de pago de los deudores.

v Se concluye que los bancos acreedores, el FMI y el Banco Mundial también actuaron con imprudencia, y dieron créditos  movidos por el afán desmedido de colocar los fondos provenientes del auge de la explotación petrolera.

Tal como dice el Dr. Ballestero en su fallo, en 1976, los bancos extranjeros deseaban a toda costa colocar de alguna manera los gigantescos fondos que le depositaban los países petroleros. En esas circunstancias, “convencieron” a Martínez de Hoz y su equipo (y a los militares gobernantes) que era un gran negocio pedir un préstamo al 8,75% de interés, y colocar esos mismos dólares  nuevamente en el banco prestador al 5,60%...

Luego, cuando en 1979 EEUU necesitó subir la tasa de interés del dólar por problemas internos suyos, el pato de la boda fuimos nosotros.

El resto es historia reciente.

Ahora habrá que actuar con decisión y con habilidad  a la vez.  El tema no es sencillo, pero tampoco insoluble.

Lo primero que debemos comprender es que la solución es de tipo político, no económico. Sin  el suficiente poder nacional, es inútil pretender una salida airosa.

Soluciones hay, pero para alcanzarlas los argentinos debemos comenzar por unirnos organizadamente.

* Juan Gabriel Labaké: Diputado (MC) 1973-1976, Ex Embajador, Ex Asesor Presidencial 1989-1992,  Coordinador y cofundador del FORO de los ARGENTINOS