Base Naval de Guantánamo cumple 8 años como cárcel de torturas

 14 Enero 2010 Hoy se cumplirán ocho años desde la llegada de los primeros sospechosos de terrorismo a Guantánamo, donde permanecen 198 detenidos, con muchos de los cuales el Gobierno de Estados Unidos aún no sabe qué hacer.


El 11 de enero de 2002 tocó tierra en Guantánamo un avión militar con veinte hombres, quienes viajaron encapuchados y atados con correas al suelo de la aeronave y que fueron internados en una especie de jaulas expuestas a los elementos. Su llegada transformó una base de segunda categoría, con una dotación militar escasa, en el penal más defendido y más polémico del mundo.

El aniversario se produce diez días antes de la fecha límite que se impuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para vaciar sus celdas, una promesa que no cumplirá, como ha admitido.

La orden del cierre fue una de sus primeras acciones tras llegar a la Casa Blanca hace un año, un anuncio cargado del simbolismo de la ruptura con la política de su antecesor, George W. Bush, que quiso convertir Guantánamo en un lugar al margen de las leyes estadounidenses y del derecho internacional.


Resistencia al cierre del penal.

Pero Obama no contó con la resistencia de miembros del Congreso, incluso de su propio partido, a trasladar a algunos de los detenidos a Estados Unidos, al tiempo que sobrestimó la disponibilidad de sus aliados a aceptar a otros.

Las organizaciones de derechos humanos aprovecharon el aniversario para presionar a Obama para que no ceda a las demandas de los que prefieren el statu quo. El Gobierno “debería renovar su promesa de cerrar la prisión de forma rápida y responsable”, indicó la asociación Human Rights Watch en un comunicado. Human Rights First, otra asociación humanitaria, recalcó que “cada día que el penal está abierto es un regalo para la máquina de propaganda de Al Qaeda”.

La tarea de encontrar un destino a los prisioneros se le ha complicado al Gobierno con el atentado fallido contra un avión con destino a Detroit el día de Navidad, presuntamente llevado a cabo por un nigeriano entrenado en Yemen.

Tras él, la Casa Blanca anunció que detendría las repatriaciones de los yemeníes, que constituyen el grupo más numeroso de prisioneros, pues hay 92 en Guantánamo.


‘Un riesgo enorme e innecesario’

El partido republicano ha usado el incidente para reanudar su oposición al plan del Ejecutivo de transferir a territorio estadounidense a algunos detenidos de Guantánamo. “Supone un riesgo enorme e innecesario”, dijo el legislador John King en el tradicional mensaje sabatino de su partido.

King añadió que “hay una buena razón por la cual el Gobierno ha tenido tanta dificultad en enviar a estos terroristas a otros países. Son lo peor de lo peor. Nadie los debería querer”. En Guantánamo había 242 encarcelados cuando Obama asumió la presidencia hace un año y su Gobierno ha liberado y transferido a 44.

La Administración quiere trasladar a algunos de ellos a la localidad de Thomson, en Illinois, donde hay una prisión estatal vacía que el gabinete federal compraría y adaptaría para elevar su nivel de seguridad.

Para ello, necesita que el Congreso le dé los fondos y que modifique una ley que sólo permite la entrada en Estados Unidos de detenidos de Guantánamo para ser juzgados. El Gobierno ha evitado, sin embargo, aventurar cuándo podrían darse esos pasos, que considera indispensables para cerrar el centro de reclusión en Cuba. “No tengo una respuesta sobre fechas”, dijo el viernes pasado al respecto el portavoz presidencial, Robert Gibbs.


Encerrados de manera preventiva

El Pentágono encerraría en Thomson a hombres que considera peligrosos, pero contra los cuales no tiene evidencias suficientes para procesarlos o esas pruebas serían inadmisibles en un juicio por haber sido obtenidas tras sufrir maltratos. Esa solución tampoco satisface a las organizaciones de derechos humanos.

“Si la Administración continúa la detención sin cargos, no estará cerrando Guantánamo, sino moviendo la cárcel a Illinois”, advirtió Andrea Prasow, experta en terrorismo de Human Rights Watch.

Su deseo es que el Gobierno presente cargos en tribunales ordinarios contra los detenidos implicados en delitos y envíe al resto a sus naciones de origen o a terceros países.

Mientras este debate se desarrolla en Washington, en una cárcel literalmente a orillas del mar Caribe hombres en detención indefinida celebran un nuevo aniversario.