También cumplí en alertar a los responsables del obrador del Municipio, lindante con el basural, respecto a la ilegalidad de las acciones que estaban llevando a cabo. No obstante todo lo comentado, los municipales cumplieron en rellenar el pozo con basura.

A partir de allí el Municipio dejó de operar en la zona durante varios meses. Se procedió a alambrar el predio y en la actualidad de esta construyendo la vereda del mismo.

Alertado el sábado 26/2/2011, por comentarios concurrentes de varios vecinos de la zona, respecto a que en el predio se continuaba con el enterramiento de basura domiciliaria visite la zona. De esta manera pude comprobar que efectivamente, con el mismo procedimiento descrito anteriormente, el municipio continuaba en forma clandestina e ilegal, enterrando residuos domiciliarios.

Conforme lo establecido por la ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, los Municipios se comprometen a erradicar los basurales a cielo abierto, con obligación de clausura. Si no se cumpliera con esta obligación, la Autoridad Ambiental Provincial podrá ejecutarla con cargo al Municipio.

No está demás aclarar que este basural clandestino, no cuenta con geomenbrana para la retención de los líquidos provenientes de la lixiviación de la basura acopiada y enterrada, por lo cual los líquidos generados por la degradación de los residuos, puede estar afectando en forma directa, no solo a las napas freáticas, sino también la calidad del agua del arroyo Darragueyra. Esta situación nos posiciona frente a la posibilidad de la existencia de un grave daño ambiental.

El daño ambiental colectivo, es el daño que resulta sobre algún elemento del ambiente, con prescindencia de que éste se traduzca en un daño sobre una persona o sus bienes. La nueva ley General del ambiente, lo define como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos.”

La ley de presupuestos mínimos 25675, determina que el “daño ambiental de incidencia colectiva”, da lugar a la recomposición, o reparación en natura, en forma prioritaria y sin hacer lugar al derecho de preferencia del damnificado por el resarcimiento pecuniario existente en el derecho civil.