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Av. Ramos Mejía y Av. Libertador (Línea Mitre)
Marcharemos 10 cuadras hasta Recoleta, a la Secretaría de Cultura de la Nación, Av. Alvear 1690 (y Av. Callao).
A dos semanas del ataque intimidatorio a nuestro campamento, con el cual protegemos el sitio arqueológico milenario Punta Querandí y denunciamos la venta ilegal de tierras públicas para beneficiar a los barrios privados San Benito y San Marco del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei.
Exigiremos a la ADIF (Ministerio de Planificación Federal) que anule la venta de 3 kilómetros de tierras que eran de uso público para toda la comunidad.
Plantearemos a la Secretaría de Cultura de la Nación nuestra disconformidad con la conducción del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), debido a que es cómplice del desarrollo inmobiliario que arrasa con el patrimonio ambiental y arqueológico en el Gran Buenos Aires.
El INAPL no acompaña nuestra propuesta de un Punta Querandí protegido, público y para todos, lo que sería la primera reivindicación a un lugar de ocupación ancestral indígena en Buenos Aires, política más acorde con los tiempos que se viven en toda la región sudamericana.
¡POR LA PRIMERA REPARACIÓN A LAS NACIONES ANCESTRALES DEL GRAN BUENOS AIRES!
¡EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO!
CONTACTOS: 15 44041382 - 15 62525189 – 4455 2172
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
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Punta Querandí se
moviliza al centro
de Buenos Aires:
jueves 17/3,
concentración en
ADIF
Por Movimiento en
Defensa de la Pacha
- Saturday, Mar.
12, 2011 at 12:10 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com
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CONCENTRACIÓN EN ADIF Y MARCHA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN
Punta Querandí se moviliza al centro de Buenos Aires
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Georgina García / Indymedia Pueblos Originarios
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Jueves 17 de marzo de 2011, 13 hs
Concentramos en Retiro, en la sede de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Av. Ramos Mejía y Av. del Libertador, esquina de la estación de trenes del Ramal Mitre.
Marchamos 10 cuadras hasta Recoleta, a la Secretaría de Cultura de la Nación, en Av. Alvear 1690 (y Av. Callao).
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PUNTA
CANAL,
LOCALIDAD
DE
DIQUE
LUJÁN
(TIGRE).-
Sábado
12
de
marzo
de
2011
A
los
medios
de
prensa,
a
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
y a
todas
las
personas
que
creen
en
una
Buenos
Aires
con
memoria
e
identidad:
A
dos
semanas
del
ataque
intimidatorio
a
nuestro
campamento,
mediante
el
cual
protegemos
el
sitio
arqueológico
milenario
Punta
Querandí
y
denunciamos
la
venta
ilegal
de
tierras
públicas
para
beneficiar
a
dos
barrios
privados,
nos
movilizamos
a
las
sedes
de
las
autoridades
políticas
responsables
de
haber
generado
este
conflicto.
Elevaremos
nuestros
reclamos
al
organismo
ferroviario
que
malvendió
las
tierras
del
"camino
de
la
vía
muerta"
y de
Punta
Canal
y a
la
Secretaría
de
Cultura
de
la
Nación,
de
la
cual
depende
el
organismo
de
aplicación
de
la
ley
de
protección
del
patrimonio
arqueológico.
Exigiremos
a la
Administración
de
Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF),
dependiente
del
Ministerio
de
Planificación
Federal,
que
anule
la
venta
ilegal
de 3
kilómetros
de
tierras
que
eran
de
uso
público
para
toda
la
comunidad,
en
beneficio
de
los
barrios
privados
San
Marco
y
San
Benito,
del
Complejo
Villa
Nueva
de
la
empresa
EIDICO.
Esta
operación,
efectuada
en
abril
de
2007,
privatiza
uno
de
los
últimos
espacios
públicos
con
acceso
al
agua
en
el
norte
de
Tigre
y
sur
de
Escobar.
Pero
todavía
se
puede
frenar
debido
a
que
el
Estado
sigue
siendo
el
titular
de
la
tierras,
ya
que
dicha
venta
aún
no
fue
perfeccionada
a
través
de
la
escrituración.
Además
plantearemos
a la
Secretaría
de
Cultura
de
la
Nación
nuestra
disconformidad
con
la
conducción
del
Instituto
Nacional
de
Antropología
y
Pensamiento
Latinoamericano,
debido
a
que
ésta
es
cómplice
del
desarrollo
inmobiliario
que
arrasa
con
el
patrimonio
ambiental
y
arqueológico
en
el
Gran
Buenos
Aires.
Este
organismo
no
acompaña
nuestra
propuesta
de
un
Punta
Querandí
protegido,
público
y
para
todos,
lo
que
sería
la
primera
reivindicación
a un
lugar
de
ocupación
ancestral
indígena
en
Buenos
Aires,
política
más
acorde
con
los
tiempos
que
se
viven
en
toda
la
región
sudamericana.
Recordamos
que
al
ver
cómo
el
patrimonio
público
nacional
era
entregado
por
estos
organismos,
tuvimos
que
organizarnos
desde
el
Movimiento
en
Defensa
de
la
Pacha
para
protegerlo,
enfrentando
a
una
corporación
muy
poderosa.
En
ese
sentido,
el
jueves
3 de
marzo
recibimos
un
mensaje
mafioso
de
esta
empresa,
que
destruyó
todas
nuestras
instalaciones
en
el
humilde
campamento
desde
el
cual
resistimos
desde
el
19
de
febrero
de
2010,
hace
más
de
un
año.
El
ataque
sucedió
mientras
permanecíamos
en
otro
lugar
en
una
reunión
con
docentes;
¿qué
hubiera
pasado
si
llegábamos
al
campamento
justo
cuando
este
hecho
se
consumaba?
Nuestro
campamento
se
desarrolla
en
el
fondo
del
paraje
Punta
Canal,
sobre
la
calle
Brasil
y el
Canal
Villanueva,
en
un
territorio
rodeado
de
emprendimientos
de
barrios
privados
que
se
expanden
sin
control,
destruyendo
la
naturaleza
y
poniendo
en
riesgo
no
sólo
el
patrimonio
cultural
sino
también
a la
población
de
las
localidades
aledañas.
La
Defensoría
del
Pueblo
de
la
Nación
pidió
en
noviembre
de
2010
a
los
municipios
de
Zárate,
Campana,
Escobar,
Tigre
y
San
Fernando
que
no
habilite
ningún
otro
emprendimiento
privado
sobre
los
humedales
(bañados).
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ADVERTENCIA. El sitio arqueológico Punta Canal identificado por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, antes de la excavación de fines de 2008. (Imagen del 2007)
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Las responsabilidades de dos organismos nacionales
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GOOGLE TE DELATA. La visión actual de las tierras, con una foto de la situación anterior a la destrucción. A la derecha del ex terraplén, el country Santa Catalina; a la izquierda el barrio privado San Benito en construcción.
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El
predio
de
Punta
Canal
junto
al
camino
del
terraplén
desde
el
KM1+690
al
KM4+378,
que
para
los
vecinos
que
allí
viven
era
la
única
manera
de
acceder
con
vehículo,
fue
transferido
el
23
de
abril
de
2007
a
dos
sociedades
anónimas
vinculadas
a
EIDICO:
Chilespa
y
Muquebari,
que
ya
no
eran
propietarias
de
los
inmuebles
linderos,
un
requisito
ineludible
para
lograr
dichas
operaciones.
Dividido
en
dos
boletos
de
compra
venta,
pagaron
un
total
de
1,9
millones
de
pesos
argentinos
por
107.520
metros
cuadrados
(unas
10
hectáreas,
casi
3
kilómetros
de
largo
por
40
metros
de
ancho),
a
una
tasación
de
17
pesos
el
metro
cuadrado.
A
pesar
de
numerosos
actos
administrativos
planteados
por
vecinos
de
ese
sector
del
paraje
Punta
Canal,
que
quedaron
encerrados
por
la
venta
del
camino,
y de
un
compromiso
asumido
por
un
funcionario
de
ADIF
ante
las
cámaras
del
programa
televisivo
CQC,
este
organismo
se
niega
a
volver
atrás
la
operación.
En
diciembre
de
2008,
un
equipo
de
arqueólogos
del
Instituto
Nacional
de
Antropología
y
Pensamiento
Latinoamericano
(INAPL)
y
del
CONICET,
coordinado
por
Daniel
Loponte
y
Alejandro
Acosta,
entregó
el
yacimiento
milenario
Punta
Canal
(llamado
por
nosotros
Punta
Querandí)
a
quien
era
en
ese
momento
asesor
de
la
Jefatura
de
Gabinete
de
la
Nación,
Jorge
O'Reilly,
presidente
de
EIDICO.
Lo
hicieron
tras
ser
contratados
de
forma
privada
por
este
influyente
empresario
del
Opus
Dei,
para
quien
realizaron
una
veloz
y
reducida
campaña
de
rescate:
excavaron
sólo
18
metros
cuadrados
de
un
predio
de
una
hectárea,
en
10
días
(entre
el 3
y el
13
de
diciembre
de
2008),
concluyendo
que
se
podía
liberar
todo
el
terreno
a la
empresa.
Jorge
O'Reilly
pagó
por
este
trabajo
30
mil
pesos.
 |
SELLO OFICIAL. El informe realizado para la empresa EIDICO.
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El
INAPL
apañó
constantemente
a
los
arqueólogos
en
cuestión,
quienes
actuaron
en
nombre
de
este
organismo.
El
informe
oficial
que
recomienda
liberar
el
terreno
a
EIDICO
tiene
el
membrete
del
INAPL,
que
aportó
apoyo
logístico
para
tal
trabajo.
No
conforme
con
eso,
en
abril
de
2010
esta
institución
prestó
las
instalaciones
de
su
sede
en
Belgrano
para
una
conferencia
de
prensa
de
los
cuestionados
arqueólogos,
con
el
fin
de
que
se
defendieran
de
las
acusaciones
de
vecinos
e
integrantes
de
pueblos
originarios.
En
dicha
conferencia
contaron
con
el
apoyo
del
abogado
de
este
organismo,
Antonio
Calabrese.
Los
funcionaros
de
los
organismos
responsables
en
velar
por
el
patrimonio
arqueológico
no
pueden
hacer
trabajos
privados
para
las
empresas,
por
el
contrario
deben
controlarlas.
No
se
puede
ser
juez
y
parte.
Para
colmo,
mientras
peleábamos
por
defender
Punta
Querandí,
el
arqueólogo
Daniel
Loponte
salía
por
los
medios
de
prensa
negando
que
en
el
lugar
exista
un
sitio
y
expresándose
en
contra
del
campamento.
Le
ofrecimos
a
este
arqueólogo
difundir
a
través
de
los
medios
el
informe
que
elaboró
para
la
empresa
EIDICO
para
que
todos
saquen
sus
conclusiones,
pero
respondió
que
debía
pedirle
permiso
a
Jorge
O'Reilly.
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EL INAPL EN LA EXCAVACIÓN. Una camioneta del organismo en Punta Canal, durante la excavación de diciembre de 2008. No se puede ser juez y parte. (Rulo / Indymedia Pueblos Originarios)
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