DENUNCIA
PENAL POR LA PRORROGA A R.C
Albaytero afirmó que
el intendente con algunos de sus secretarios y concejales deberían
responder con sus patrimonios personales .
El
Municipio de Quilmes, tendrá hasta el 30 de agosto para informarle al
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, por qué motivo
prorrogó el contrato con la empresa Relevantamientos Catastrales el 14
de septiembre de 2004.
El Intendente, varios
de sus funcionarios y los concejales que aprobaron las cuentas de ese
año, del 2005 y del 2006, deberían responder con su patrimonio, por el
importe que la empresa recibió y sigue percibiendo, monto que llega a
los 23 millones de pesos aproximadamente.
"Villordo y quienes
votaron esa prórroga serán denunciados penalmente". Así lo afirmó el
contador Juan Albaytero, de la Mesa de Enlace, a Radio Quilmes ( FM
106.9) y agregó que el Tribunal de Cuentas se expidió sobre las cuentas
del municipio correspondientes al ejercicio de 2.005 y se sabe que se
decidió abrir un expediente especial para analizar los importes que la
comuna le pagó a Relevamientos Catastrales, luego de recibir una
denuncia que formularan unos cien vecinos, solicitando saber si era
legal la prórroga del contrato original que venía de la gestión del ex
intendente Anibal Fernandez.
La Secretaria Técnica
del Tribunal de Cuentas había ratificado que la prórroga del contrato
que aprobaron los concejales y el Intendente en septiembre de 2.004 es
ilegal y que debió haberse llamado a licitación. Consideró que no se
trataba de una concesión sino de un contrato de locación y por lo tanto
no podía haberse prorrogado el contrato de la manera que se hizo. Ahora
el Tribunal de Cuentas, aprobó las cuentas del ejercicio 2.005 pero
rechazó lo de Relevamientos Catastrales y notificara al Municipio de la
decisión de abrir un expediente especial que puede terminar con el
pedido de denuncias penales contra quienes aprobaron las cuentas, sean
solidariamente responsables de lo que se pago a R.C.
El Tribunal también
dispuso incluir en el expediente, lo que se le pagó a R.C. en el 2.006,
tomando en cuenta la segunda denuncia presentada por vecinos de Quilmes
y se prevé que el Tribunal solicite que el Intendente y los funcionarios
que firmaron la aprobación de las cuentas del 2.004, 2.005 y 2-.006,
sean solidariamente responsables de lo que se le abonó a la empresa. Se
calcula que en los tres años de prórroga, R.C. terminará facturándole a
la Comuna cerca de 23 millones de pesos. El contador Albaytero resaltó
el argumento que dió en aquel momento el funcionario Diego Tarzián para
justificar la prórroga:"La empresa había colaborado con el equipamiento
de la UPI ( Unidad Polivalente de Inspecciones).
