Los concejales quilmeños que en septiembre de 2004 probaron la
prórroga del contrato con la empresa Relevamientos Catastrales,
recibieron en las últimas horas la notificación de la
sustanciación del “expediente especial” que por éste tema abrió
el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Los pasillos del Cuerpo vieron algunas de sus puertas cerradas
“de improviso”, cuando los notificadotes del organismo de
contralor provincial llegaron a dejar las correspondientes
notificaciones. El Tribunal, a instancias de la denuncia
impulsada por la Mesa de Enlace de Quilmes, ha decidido la
apertura de un expediente especial para determinar la ilegalidad
del gasto que significó la prórroga al contrato que la empresa
obtuvo en septiembre de 2004, hecho impulsado por los ediles del
intendente Villordo.
Obra ya en las actuaciones un dictámen jurídico que declara que
la prórroga fue un acto ilegal, y la responsabilidad de los
concejales es en éste sentido, directa.
Es así que Maria Lobos, José Leguizamón, Baltasar Soto, Liliana
Lutteral, Marcelo Piedemonte, Carlos Rojas y Alejandro Lastra
recibieron la notificación en su despacho, mientras resta
hacérsela llegar a quienes ya tienen mandato cumplido, pero que
acompañaron la votación y que son Jorge Aquino, Angel Spotorno,
Reymundo Gonzalez, Estela Saucedo, Juana Brizuela y Eduardo
Schiavo. Acompañó en su momento el pedido también, el fallecido
edil Gustavo Ramirez.
Las sanciones, que el organismo define como “cargos”, avanzan
sobre el patrimonio de4 los concejales, pero también en la
posibilidad de inhabilitación para el ejercicio de futuros
cargos públicos
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