El máximo organismo de contralor de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto ampliar el expediente especial abierto tras la denuncia efectuada por la Mesa de Enlace de Quilmes en torno a la ilegalidad del gasto que el municipio ha efectuado a favor de la empresa Relevamiento Catastrales, a lo erogado en 2006.

El hecho, cobra especial trascendencia ya que el Tribunal avanza en dar de ésta manera la razón al planteo efectuado por los vecinalistas. Informaciones confirmadas antes del anuncio oficial, a las que éste medio tuvo acceso, sostienen que la declaración del departamento jurídico de la instancia provincial, en la que efectivamente se confirma que la forma jurídica de la concesión es inexistente, avanzan ya en confirmar de manera inequívoca que el Tribunal está ahora obligado a declarar que, no existiendo concesión técnica alguna, el gasto que se ha hecho desde la prórroga impulsada en el 2004 por la actual administración, es dinero ilegalmente extraído de la arcas municipales.

Eduardo Schiavo, presidente del HCD en septiembre de 2004

Así, las sanciones económicas que se impondrán a los funcionarios involucrados –administrativamente denominada “cargos”- tendrán como base la totalidad de lo gastado desde que la prórroga se consumó, en septiembre de 2004, suma que se acerca a los treinta millones de pesos.

De ésta manera, Sergio Villordo, Edgardo Cutello, la contadora municipal Angela Arata, los concejales Eduardo Schiavo, Jorge Aquino, Liliana Lutteral, Carlos Rojas, Angel Herrera, Estela Saucedo, Juana Brizuela, Maria Lobos, Baltasar Soto, Alejandro Lastra, Reymundo Gonzalez, Marcelo Piedemonte, Gladis Fariña, José Leguizamón y Angel Spotorno, deberán afrontar las sanciones que, amén de lo económico, podrían avanzar en imposibilidades futuras para el ejercicio de cargos públicos.

RC opera en el distrito desde 1994. Inauguró su curiosa actividad bajo la intendencia de Anibal Fernandez, prosiguió en las de Federico Scarabino y Fernando Geronés. En 2004, el intendente Villordo impulsó una prórroga solo pasible de instrumentarse en caso de tratarse de una concesión de servicio público. Se dijo entonces que la contratación lo era.

Ahora, el Tribunal, a instancias de la denuncia efectuada por la Mesa de Enlace, ha determinado que no lo es, y, desde allí, se desmorona el discurso oficial sostenido desde 2004 y su fachada de legalidad. Comienza a llegar el tiempo de las sanciones.

El Diario de Quilmes   15 de Junio de 2007