Una nueva dependencia
funcionará en San Martin 485
El
intendente Villordo “confesó” pagos indebidos
El jefe comunal Sergio Villordo ha mencionado en la mañana de
ayer, que una nueva dependencia funcionará en el centro
quilmeño, y que su tarea será la de informatizar y actualizar
datos fiscales que, mencionó “aunque parezca mentira”, no está
hasta ahora, debidamente actualizada. El anuncio del
mandatario municipal, no hace más que reconocer, que la
empresa Relevamientos Catastrales, privatizadora de la
recaudación tributaria y a la que su gestión renovó contrato
en el 2004, ha estado recibiendo durante los últimos tres
años, pagos a cambio de tareas que no llevó
adelante. El “sincericidio” cometido por el mandatario
municipal en el programa que todos los martes conduce en FM
Sur, revela lo que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires viene analizando a partir de la denuncia
presentada por la Mesa de Enlace de Quilmes y que ameritó que
el organismo de contralor provincial decidiera la apertura de
un “expediente especial”, cuyo dictámen se espera ya firmado
en las próximas semanas.
La nueva dependencia que se dedicará a hacer lo que el
intendente definió como “inteligencia fiscal”, actualizará,
según explicó en la mañana de hoy, los datos que hacen a la
verdadera titularidad dominial de las propiedades del
distrito. Incorporará además nuevos datos fiscales, tales como
CUIT o CUIL, y registros de deuda por el tributo a tasas tales
como publicidad o derechos de construcción.
¿Qué pagamos a lo largo de estos años?
El contrato que nos liga a Relevamientos Catastrales desde
el año 1994, venció por primera vez en el año 2004. El 14 de
septiembre de ese año, el oficialismo que respondía al
actual jefe comunal por entonces en el Concejo Deliberante
local, aprobó una renovación contractual escandalosa, que
habilitó a la empresa a continuar adelante con las tareas
que, por contrato, se suponía había prestado hasta ese
momento.
Las mismas, además de avanzar en el “mejoramiento de la
recaudación tributaria”, comprometían la “actualización y
digitalización del padrón de contribuyentes.” Por esto, RC
ha estado cobrando sumas escalofriantes, que, a lo largo de
éstos últimos tres años de contrato, le ha costado al erario
la friolera de veintitrés millones de pesos.
Sin embargo, la confesión que el intendente hizo hoy
–verdaderamente escandalizado él con frases tales como
“aunque parezca mentira”- revela que deberá ser ahora el
municipio, el que asuma una actualización que, a menos que
el jefe comunal maneje datos errados, nadie ha hecho.
Lo más curioso de todo es que el jefe comunal, sumido en una
extraña “maquina del tiempo”, aseguró hoy que “seguramente
lo que se permitía en 1999 yo no lo permito en 2007”,
refiriéndose a una suerte de “festival moroso” a la que
muchos contribuyentes parecen haberse lanzado. En éste
punto, una vez más, refirió que “he decidido no renovar el
contrato con RC.”
Entre 1999 y 2007, el intendente parece olvidar que hay un
lapso de tres años en el que las decisiones de gobierno le
han correspondido a él. Entre ellas, la de renovar el
contrato a ésta empresa, que no se va por imperio de una
decisión de rescisión por incumplimiento contractual, sino
por una tranquila puerta grande en la que según sostuvo hoy,
se comparte un “tiempo de transición” entre su tarea y la
que ahora deberemos seguir pagando los quilmeños, a los que
nos han incorporado una nueva dependencia, con su
correspondiente nueva estructura, que vendrá a sumarse al
gasto que los cinco Centros de Atención al Contribuyente que
RC abrió nos demandará.
La Mesa de Enlace de Quilmes impusló hace algunos meses una
denuncia en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires por lo que consideró “pagos indebidos” hechos por el
municipio a la firma RC. Efectivamente, de esto que hoy el
jefe comunal “confesó” hablaba el planteo de los
vecinalistas.
La organización ha asegurado siempre, que el sostenimiento
de pagos mensuales a cambio de tareas que no se llevaban
adelante, constituìa un hecho irregular a investigar y,
eventualmente, sancionar.
El organismo de contralor provincial ha abierto un
“expediente especial”, por considerar que los argumentos
básicamente fundamentados por el contador Juan Aníbal
Albaytero, ameritaban un estudio anexo al análisis de las
cuentas en general. Ese estudio tiene ya un dictámen
preliminar, que ataca el corazón mismo del argumento con el
que el contrato se ha renovado en 2004.
Según supo éste medio, el pronunciamiento final en éste
sentido podría llegar en las próximas semanas. Allí, de
determinarse la ilegalidad del gasto, no solo el jefe
comunal se vería en problemas, sino los ediles que
acompañaron su deseo en 2004: Eduardo Schiavo, Maria Lobos,
José Leguizamón, Baltazar Soto, Reymundo Gonzalez, Estela
Saucedo, Liliana Lutteral, Omar Majo, Angel Herrera, Gladis
Fariña, Juana Brizuela, Alejandro Lastra, Carlos Rojas,
Jorge Aquino y Marcelo Piedemonte.
EL DIARIO DE
QUILMES 30-05-07
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