Desde la agrupación HIJOS La
Plata repudiamos la decisión del Juez Arnaldo Corazza, titular del
Juzgado Federal Nº 3 de nuestra ciudad, quien el viernes 28 de Enero
pasado puso en libertad al represor Norberto Cozzani, uno de los pocos
genocidas integrantes de las patotas del Circuito Camps que estaban
detenidos para ser juzgados en próximos juicios. Consideramos esta
decisión como una consecuencia más de la lentitud, producto de una de
una tibia decisión política, con que el Estado ha encarado el proceso de
reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura
desde hace más de 7 años.
El represor Norberto Cozzani, hoy de 59 años, ingresó a la policía
bonaerense en plena dictadura, tras un breve paso por el Ministerio de
Acción Social de la provincia durante el gobierno de Victorio Calabró,
donde realizó tareas investigativas al amparo del jefe del 1er Cuerpo
del Ejército Alberto Cáceres. Comenzó a actuar como custodio de
Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones, mientras se
comenzaba a ejecutar el plan represivo en la zona sur de la provincia.
Figura central en la persecución del “grupo Graiver” y en la
investigación de los negocios del empresario periodístico Jacobo
Timmerman, Cozzani participó personalmente en marzo del ’77 en los
operativos de secuestro de los empleados del grupo y sus familiares, así
como en las torturas e interrogatorios que éstos sufrieron en el
Centro Clandestino de Detención llamado
Puesto Vasco, que funcionó entre 1976 y 1978 en la Subcomisaría de la
localidad de Don Bosco, Quilmes por donde pasaron cerca de 70 compañeros
y logró identificar a casi 30 represores que actuaron en el lugar.
Detenido desde abril de 1986 como
parte del Juicio a las juntas, en la Causa 44 que juzgó a los jefes de
la represión de la bonaerense de Ramón Camps, fue imputado de 80 hechos
entre secuestros y torturas, y se lo condenó a la irrisoria cifra de 4
años de prisión sólo por los casos de Isidoro y Juan Graiver, Lidia
Papaleo y Silvia Fanjul. Cumplió una mínima parte de esa condena en el
penal de Magdalena, al ser beneficiado con la nefasta ley de Obediencia
Debida.
Gozando de la impunidad pactada, Cozzani se refugió en la actividad
comercial como gerente del conocido frigorífico platense “Gorina S.A.”,
fundó una empresa de venta de carne enlatada llamada “Meat Center” y
finalmente, gracias a sus contactos militares, fue designado en tiempos
menemistas como director de la Cámara de Comercio del Mercosur con sede
en la ciudad brasilera de San Pablo.
Tras la reapertura de los procesos contra los genocidas fue nuevamente
detenido en septiembre de 2004, por orden del mismo juez Corazza que
acaba de liberarlo, y tras la insistencia de los organismos de DDHH de
La Plata en el cumplimiento del resto de su condena y en la necesidad de
avanzar en las investigaciones del rsto de los hechos en los que está
implicado.
Alojado en el penal de Marcos Paz, Cozzani descubrió sus dotes
literarias y comenzó a redactar un libro, publicado en 2006 bajo el
desafiante título “Yo asumo – Conciliemos. Desde la prisión del Dr.
Kirchner”. Allí, entre eclécticas citas de San Martín, Mahatma Gandhi y
León Bloy, el represor repasa su pasado como ladero de Etchecolatz, se
despacha sobre su condición de “preso político” y destila efluvios tanto
sobre la gestión kirchnerista como sobre algunos de los represores de la
dictadura que, afirma, lo ha traicionado. Mientras tanto trafica la
teoría de la reconciliación y justifica los crímenes del Terrorismo de
Estado en frases como:
- “los denominados ‘centros clandestinos’ tenían nombre, mástil, bandera
y escudo, y todos los vecinos tenían conocimiento de que eran
dependencias oficiales”.
- “Que hubo errores y excesos, ¡Claro que es cierto! Pero cada argentino
debiera preguntarse no sólo quienes son los culpables, sino también,
quién esta exento de culpas???”.
Cozzani fue nuevamente procesado en
los pocos avances de la causa sobre el CCD Puesto Vasco,
Quilmes,
junto a siete represores más en la causa nº 3, denominada “Causa Raffo”.
El expediente llevó 4 años de instrucción, y su requerimiento de
elevación a juicio se completó entre 2005 y 2008. Si bien los
fundamentos de Corazza para liberar a este represor no fueron dados a
conocer periodísticamente, el agotamiento de una prisión preventiva
acorde al plazo legal de 2 años es injustificada cuando hablamos de un
represor que fue probadamente condenado, y sobre el cuya responsabilidad
en el terror de Estado surgieron nuevos testimonios en estos años.
Tras 7 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha
popular, el Estado argentino sólo efectivizó 41 juicios orales con
sentencia en todo el país. Según datos del Centro de Estudios Legales y
Sociales, de un total de 1.656 imputados, en unos 200 procesos, sólo el
10 % pudo ser condenado. Y si bien hay otros 389 genocidas detenidos en
espera de juicio, la mayoría de los imputados, 807, se encuentra en
libertad; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 258
que murieron impunes antes de llegar a una sentencia.
Desde una vista superficial de este desempeño juzgador del Estado, y
analizando números en el vacío, no es nada desdeñable que más de un
centenar y medio de represores, sobre todo figuras emblemáticas del
Terror de Estado, pasen el final de su vida purgando las culpas de su
campaña desaparecedora. Pero una visión más detallada de la magnitud de
los hechos ocurridos en la represión, del horizonte de juzgamiento que
el Estado se está proponiendo, y de la agudización de las variables que
urgen más condenas en menos tiempo, nos presenta una situación más
crítica.
En los procesos que se dieron a la fecha, reconocidos represores como
Videla, Menéndez, Bussi, Nicolaides, el “Turco Julián”, Etchecolatz y
Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los
otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un
reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los
autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los
delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un
pueblo.
La falta de celeridad en la ejecución de los juicios es patente en la
jurisdicción de La Plata, más si se tiene en cuenta la dimensión que
allí alcanzó el terror de Estado. En La Plata funcionaron durante la
dictadura unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por
miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De
esos miles de represores, sólo 19 (Bergés,
Etchecolatz, Von Wernich, Alonso, Herzberg y 14 genocidas que actuaron
en la Unidad 9) fueron condenados en la capital bonaerense desde la
reapertura de las causas, en juicios parciales, algunos con condenas
mínimas, aunque otros con fallos ejemplares que incluyeron en la
sentencia la valoración política de la figura de Genocidio. Pero así
planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de
impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos,
altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de
las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y
ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos
debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
