Respuesta a la Carta enviada por el
Sr. Jorge González a miembros de la Comunidad Académic
Por Fuente: A.S. - Enero. 18-01-11.
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
Dr. Jorge Abel González
Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo
Provincia de Formosa
S______________/________________D
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en respuesta a la carta
que enviara a diversos académicos de nuestro país, con el
objetivo de esclarecer algunos puntos sobre el conflicto
territorial de la Comunidad toba (qom) La Primavera. Deseamos
informarle que numerosos investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docentes de
diversas Universidades nacionales venimos efectuando desde hace
ya varias décadas nuestros trabajos de investigación científica
en Formosa y que, por lo tanto, la información de la que
disponemos es fruto de un conocimiento en profundidad y de larga
data de la situación general que viven los Pueblos Indígenas en
la provincia. Los resultados de estas investigaciones se
encuentran a disposición tanto de ustedes como de la opinión
pública en general, pues han sido publicados en numerosas
revistas académicas así como en libros y otras publicaciones de
difusión general.
Con respecto al conflicto territorial de La Primavera, hemos
constatado que en 1940 se destinaron, mediante Decreto Nacional,
las leguas A y B de la sección III de la Colonia Laguna Blanca a
los indígenas que, según el decreto, habían delegado el poder en
el cacique Trifón Sanabria. En la actualidad, sin embargo, una
parte de dicha superficie se encuentra ocupada por la familia
Celia y, otra -que corresponde a 609 has.- está en manos del
gobierno provincial que aspira a instalar allí una sede de la
Universidad de Formosa. Cabe aclarar que dicha familia sólo
posee como documentación una solicitud de arrendamiento. En lo
que respecta al proceso de mensura previo a la entrega del
título comunitario, hemos leído en la solicitada que Usted
publicó el 30 de noviembre de 2010 en el Diario Formosa, Diario
de Todos que en el año 1981 se dejaron por fuera de dicha
mensura las tierras ocupadas por la familia Celia “compensándose
a la comunidad de La Primavera con fracciones de tierra al norte
y al sur”. Dado que nuestras investigaciones así lo confirman,
nos permitimos expresarle que esta información adolece de una
importante inexactitud dado que la “fracción norte” a la que se
refiere en la nota formaba parte del Parque Nacional Río
Pilcomayo desde el año 1951, año en el que se creó dicho Parque.
Por lo tanto, es evidente que se trataba de una fracción de
tierra de jurisdicción nacional de la cual la provincia no podía
disponer. De los datos vertidos, se desprende que el título
comunitario que la provincia de Formosa otorgó a La Primavera es
resultado de un proceso que desfavoreció a la mencionada
comunidad indígena e implicó una superposición de mensuras entre
el estado provincial y el nacional.
Por otra parte, el tema de la representatividad del Señor Félix
Díaz constituye una preocupación para los funcionarios públicos
de la provincia ya que, según aclara en su carta, el Sr. Díaz no
representa más que a un “pequeño grupo de personas”. Sobre la
legitimidad de tal representatividad, le informamos que el 18 de
junio de 2008 el Sr. Díaz obtuvo un total de 375 votos en la
asamblea que lo designó como Presidente de la Asociación Civil
de la comunidad, en contraste con los 15 votos recibidos por el
Sr. Raúl Garcete. En oposición a toda la normativa indígena, la
provincia anuló sorprendentemente dicha elección. Si bien
también reconocemos que existen otras personas dentro de esta
comunidad, las cuales han intentado erigirse en representantes
de la misma, nos parece pertinente destacar que los medios para
obtener tal representatividad no han sido siempre los de la
votación en asamblea, sino, para dar algunos ejemplos, el ser
designados como empleados de instituciones estatales (como es el
caso del I.C.A.) y, muchas veces simultáneamente, como
representantes de estructuras partidarias (en especial, del
Partido Justicialista provincial). Así, consideramos que el
reconocimiento del libre juego democrático debería extenderse a
las comunidades indígenas, aceptando la co-existencia en ellas
de diferentes lideres, tanto de aquellos que han sido promovidos
como tales con el apoyo de instituciones que hasta hoy son
dirigidas por representantes de la población criolla (como
sucede con los partidos políticos e instituciones estatales
mencionadas), como de aquellos que emanan de la voluntad popular
expresada en la asamblea efectuada por los miembros de una
comunidad indígena.
Asimismo, deseamos enumerar algunas de las situaciones
preocupantes acaecidas en La Primavera que, hasta el momento, no
han sido esclarecidas por el gobierno provincial y que, en
nombre de la Comunidad Académica, solicitamos lo sean
prontamente:
Primero, la represión llevada a cabo por la policía provincial,
bajo las órdenes del Comisario Muñiz, contra los manifestantes
indígenas que demandaban el cumplimiento de sus derechos sobre
una ruta en la que la provincia de Formosa no tiene jurisdicción
dado que es Ruta Nacional.
Segundo, la detención de personas menores de edad en la
Comisaría de Laguna Blanca en condiciones deplorables.
Tercero, el proceder irregular de las fuerzas de seguridad
estatal, dado que los actos de violencia no fueron perpetrados
exclusivamente por éstas, sino también por integrantes de la
familia Celia, quienes dispararan al señor Díaz frente al
Comisario Caje y sus Oficiales.
Cuarto, el desacato de las autoridades provinciales de la medida
cautelar de no innovar que solicita a las fuerzas policiales
abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación contra los
miembros de la comunidad qom.
Finalmente, la violación de los derechos de los Pueblos
Indígenas contemplados en normativas jurídicas nacionales e
internacionales y, particularmente, en la Ley Nacional 26.160 de
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena prorrogada
mediante Ley Nacional 26.554, que ordena la suspensión de los
desalojos a comunidades indígenas de las tierras que
tradicionalmente ocupan.
Confiamos en que los hechos lamentables ocurridos el 23 de
noviembre 2010 en La Primavera serán investigados con
rigurosidad por la justicia provincial. Asimismo, en relación
con la protección de los miembros de la mencionada comunidad,
solicitamos al señor Ministro tome medidas ante la circulación
permanente en el territorio indígena de vehículos sin patente;
situación que no se condice con el actual régimen democrático.
Contamos con información fidedigna y de primera mano que nos
permite asegurar que las agresiones físicas, los accidentes
fatales y las amenazas de desalojo no han tenido lugar
exclusivamente en La Primavera. Diversas comunidades de la
provincia vienen denunciando, desde hace años, atropellos y
violaciones sistemáticas a sus derechos así como a las garantías
constitucionales. Para citar dos casos recientes, llamamos la
atención sobre hechos ocurridos a finales del 2010 que nos han
conmocionado: el asesinato del líder pilagá Mario López de la
comunidad ubicada en Estanislao del Campo (atropellado por un
automóvil en la ruta 81) y el intento de homicidio del líder
toba Carlos López de la Comunidad 503. Sumado a estos atropellos
individuales, tenemos conocimiento de que la Comunidad 503 ha
recibido en el mes de noviembre 2010 una orden de desalojo
emitida por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de Las
Lomitas (orden que compete al lote 16 de la Colonia Coronel
Dorrego, en donde la comunidad se encuentra ubicada) y que la
Comunidad Santo Domingo viene sufriendo desde hace años quemas
de casas y amenazas por parte de criollos de la zona que acusan
a los indígenas de “usurpadores” de las tierras que ellos
tradicionalmente ocupan, ante la indiferencia del gobierno
provincial.
Si bien reconocemos la actuación pionera de la provincia
iniciada en 1985 en lo que concierne a la restitución y
titulación de tierras a comunidades indígenas, tomando en
consideración los avances en materia jurídica relativa a los
derechos de los Pueblos Indígenas y, en particular, los derechos
territoriales, consideramos necesario que la provincia revise y
actualice su política indigenista. En ese sentido, manifestamos
nuestra preocupación por el Convenio Marco firmado entre el
Instituto de Comunidades Indígenas (ICA) y el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) debido, entre otras cosas, a las
irregularidades en lo concerniente a la consulta previa, libre e
informada a las comunidades indígenas tal como reglamenta dicha
ley. Al respecto, diversas organizaciones indígenas (Consejo de
Comunidades Originarias, la Federación Pilagá, la Federación de
Tobas del Oeste, la Federación Interwichi y el Consejo
Intercultural Indígena del Oeste) manifestaron su disconformidad
respecto al mencionado Convenio Marco en el acta confeccionada
durante la Asamblea celebrada el 16 de octubre de 2010 en la
comunidad Ensanche Norte (Ibarreta).
Asimismo, si bien descontamos el compromiso de la provincia de
procurar el respeto de los derechos de toda su ciudadanía
–incluidos entre los mismos aquellos que atañen particularmente
a los Pueblos Indígenas-, como investigadores y docentes del
Estado argentino que trabajamos con comunidades indígenas
manifestamos nuestra preocupación respecto de algunos de los
puntos que Usted menciona en su carta. Desde hace años venimos
observando la falta de Maestros Especiales de Modalidad Aborigen
(MEMA) en la mayoría de las escuelas locales, la ausencia de
establecimientos de formación para dichos docentes y, en algunas
escuelas que sí cuentan con éstos, la asignación de tareas de
maestranza en lugar de tareas didácticas. Con respecto al área
de salud, nos preocupa profundamente observar que muchas de las
salas de primeros auxilios que se encuentran en las comunidades
no cuentan con medicamentos suficientes, ni con agentes
sanitarios indígenas, ni con asistencia médica regular.
Particularmente en el 2010 nos sorprendió que en algunas
comunidades se estuviera vacunando a toda la población contra la
gripe A pero que no se hubieran fumigado los hogares contra el
mal de Chagas desde noviembre del 2008. A su vez, la alta tasa
de mortalidad infantil y materna que observamos y registramos en
las comunidades indígenas, en contraste con la información
provista por las estadísticas oficiales, constituye otras de
nuestras preocupaciones.
Finalmente, nos preocupa especialmente la situación
económico-social de las comunidades, pues si bien reconocemos
que a lo largo de los años el estado provincial en conjunción
con el nacional ha efectuado importantes obras públicas en
varias comunidades (como viviendas, centros de integración
comunitaria y las escuelas que Usted menciona) y ha acrecentado
la política de cobertura social a través de planes asistenciales
y pensiones, han sido muy escasas, en cambio, las políticas de
apoyo a las actividades productivas propias de la región o a
otras nuevas que pudieran implementarse, por ejemplo, en las
áreas de agricultura, cría de animales, producción de frutales,
elaboración de artesanías, etc. Consideramos que en muchas
comunidades esta situación ha contribuido a reproducir
situaciones de pobreza estructural así como una fuerte
dependencia de las políticas asistenciales gubernamentales -las
cuales a veces se convierten en uno de los pocos medios de
obtención de recursos para las familias indígenas-, siendo ésta
una dependencia que, como todos sabemos, no siempre ha
interferido favorablemente en el libre ejercicio de la vida
democrática. Asimismo, esta situación ha dejado a muchos
trabajadores y trabajadoras indígenas en una situación de
extrema vulnerabilidad frente al mercado, pues las escasas
oportunidades laborales a las que acceden implican condiciones
de suma explotación, e incluso a veces, ilegalidad (como sucede
en ciertos trabajos temporarios en cosechas o en talleres
textiles y empaquetadoras de verdura del Gran Buenos Aires, a
los que tobas del este han migrado a trabajar); o en otros
casos, llevan al deterioro ambiental de sus territorios (como en
el avance de los pooles sojeros sobre territorios de las
comunidades).
Dado que fuimos observando inexactitudes en la información
provista por el gobierno provincial, omisiones y descuidos
sistemáticos, las Instituciones abajo firmantes nos hemos
comprometido con la doble tarea de efectuar un seguimiento
minucioso de los avances de la investigación judicial y, a su
vez, proveer información a la opinión pública nacional e
internacional sobre los hechos de violencia, persecución e
intentos de desalojo que están padeciendo algunas de las
comunidades indígenas formoseñas así como la preocupante
situación económico-social en la que se encuentran.
Por otra parte, tomando en consideración el compromiso del
gobierno de la provincia para mejorar la calidad de vida de los
pueblos, comunidades y personas indígenas, ofrecemos nuestros
conocimientos y experiencias de investigación para lograr
conjuntamente que los mencionados no sólo gocen de los mismos
derechos que el resto de los ciudadanos, sino que también sean
respetados sus derechos particulares.
Sin otro particular, lo saludan atentamente investigadores y
docentes de las siguientes instituciones:
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina
(CGA)
Coordinación Área Social Ley 26.160 (Provincia de Río Negro)
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro
de la provincia de Buenos Aires
Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación
(GEAPRONA, UBA-UNRN)
Grupo de Estudios Rurales, Instituto de Investigaciones Gino
Germani (IIGG-UBA)
Grupo de Investigación PIRKA - Políticas, Culturas y Artes de
Hacer San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina
Grupo de Tradiciones Indígenas del Master de la Universidad Real
de Barcelona
Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL (UBA)
Inst. de Inv. en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio,
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
Jóvenes Científicos Precarizados (JCP)
Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS,
UNLP)
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indigenas y
Campesinos de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN)
Otros Bicentenarios. Prog. Permanente de Extensión, Inv. y
Desarrollo en Comunidades Indígenas, FFyL (UBA)
Sección de Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas,
FFyL (UBA)
Sección de Etnología y Etnografía, Instituto de Ciencias
Antropológicas, FFyL (UBA)
Seminario Permanente de Estudios Chaqueños (SPECH)
Piden que Formosa revise y actualice
políticas hacia los indígenas
Por Telam - Saturday, Jan. 22, 2011 at 3:40 PM
Buenos Aires, 18 de enero(Télam).-
Investigadores del CONICET y organizaciones sociales y de DDHH
pidieron hoy a las autoridades de Formosa que "revise y
actualice" las políticas indigenistas que aplica al responder
una carta del ministro de Gobierno, Jorge González, en torno al
conflicto por las tierras que presentó la comunidad qom, La
Primavera.
Gonzalez envió el pasado siete de enero, una misiva a
investigadores del CONICET, locales y en el exterior, que habían
rechazado el desalojo violento de la ruta 86 por parte de la
policía provincial a integrantes de la comunidad La Primavera,
que dejó un saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos
el 23 de noviembre último.
En la nota, el funcionario provincial defendió el accionar
policial porque "habia una orden judicial" y cuestionó la
representatividad del líder de la protesta, Félix Díaz, al
puntualizar que encabeza "un pequeño grupo de personas".
Por su parte, los investigadores con décadas de trabajos
científicos en Formosa, consideraron en la carta enviada hoy que
el título entregado por la provincia a los tobas de La Primavera
es resultado de un proceso que "desfavoreció a la comunidad e
implicó superposición de mensuras entre el estado provincial y
nacional".
"Dado que nuestras investigaciones así lo confirman, nos
permitimos expresarle que la `fracción norte´ a la que se
refiere en la nota formaba parte del Parque Nacional Río
Pilcomayo desde su creación en 1951. Por lo tanto, es evidente
que se trataba de una fracción de tierra de jurisdicción
nacional de la cual la provincia no podía disponer", indican en
uno de sus párrafos.
Por otra parte, los estudiosos puntualizaron que la familia
Celía, que ocupa parte de la superficie reclamada por la
comunidad y que están acusados por los indígenas de "maltratos y
atentados" cotidianos, "sólo posee como documentación una
solicitud de arrendamiento" de unas 600 hectáreas.
Aunque remarcan su confianza en una "rigurosa" investigación de
la justicia provincial para aclarar las dos muertes piden el
cese de agresiones físicas, accidentes fatales y amenaza de
desaolojo de otros puntos de la geografía formoseña.
La carta lleva la firma de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), el Colegio de Graduados en Antropología
(CGA), Coordinación Área Social Ley 26.160 (Provincia de Río
Negro), Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires, el Grupo de Estudios en
Aboriginalidad, Provincias y Nación (GEAPRONA, UBA-UNRN) y el
Grupo de Estudios Rurales, Instituto de Investigaciones Gino
Germani (IIGG-UBA), entre otros.
(Télam).-
Samuel Garcete: “Me golpearon y
pisaron todo, quedé sin dientes”
Por Fuente: Diario El Comercial - Thursday, Jan. 20, 2011 at
6:54 PM
El 21 de noviembre del año pasado,
Formosa y el país se conmovían por un hecho poco habitual en
estas latitudes: en un enfrentamiento general entre
aborígenes, criollos y efectivos de las fuerzas policiales
de la provincia, dos formoseños perdieron la vida: el
aborigen Sixto Gómez y el oficial de policía Heber Falcón.
Durante las primeras horas de la tarde de ese fatídico día,
las noticias que llegaban de la zona de la comunidad toba de
La Primavera –distante 130 kilómetros de Clorinda- no eran
alentadoras: mientras desde las esferas oficiales
confirmaban el deceso de dos personas (Gómez y Falcón), los
rumores hablaban de más muertos, varios heridos y decenas de
detenidos. De estos rumores, el que mayores alertas produjo
fue la posibilidad de que hubiera una tercera víctima de los
enfrentamientos. Inclusive desde organismos nacionales e
internacionales confirmaron que otro aborigen era la tercera
víctima. Se trataba de un tal Samuel Garcete, según las
voces que se hacían eco de la información.
En Coma
Samuel Garcete es toba, tiene 48 años, una familia compuesta por
su mujer y nueve hijos. Este hombre fortachón no llegó a conocer
esas versiones sobre su muerte porque como consecuencia de los
enfrentamientos quedó inconsciente “por los golpes” y cuando
despertó estaba en la sala de terapia intensiva del Hospital de
Alta Complejidad en la capital provincial.
Asegura a El Comercial no saber cómo llegó al hospital y que lo
único que pensó cuando recobró el pensamiento fue en cómo
estarían su mujer e hijos, además de sus “hermanos” que vivieron
la misma situación que él. Nadie quería confirmarle la muerte de
Gómez por el temor a la reacción que puediera sufrir, advierten
los amigos y familiares que por estas horas cuidan de la salud
de Garcete después que dejara en las últimas horas el Hospital
donde estuvo internado casi dos meses.
Garcete accedió a hablar con este medio y contó lo poco que
recuerda de aquel día que quedará marcada en la historia de
Formosa. “Mucho no me acuerdo por los golpes; solo sé que me
desmayé y de ahí en más no sé qué pasó”, comienza diciendo.
Tras varias semanas, despertó en Formosa, luego de haber estado
en terapia intensiva y de haber sorteado las complicadas
cirugías que demandó su estado. Afirmó que en el momento de
haber recibido una golpiza por parte de efectivos policiales,
“estaba desarmado porque estaba intentando que no se concretara
el enfrentamiento porque estaba fea la situación. Después lo que
recuerdo es que empezaron las agresiones y cuando recibo el
golpe en la cabeza pierdo el conocimiento”.
“Sinceramente no sé quien me levantó del suelo, cómo ni cuándo.
No tengo ni idea de cómo llegué al hospital y poco es lo que
pude hablar con mis hermanos de la zona porque no pude irme
hasta allá (La Primavera) por mi estado de salud, ya que tengo
que hacer reposo”, explicó Garcete.
“Quemaron mis documentos”
Preguntado por sus heridas, dijo “me golpearon mi cabeza, me
pisaron, con la bota en la pierna y nosotros estábamos
reclamando la tierra, eso nomás”, remarcó. “Me golpearon todo,
no tengo más dientes”, repite y muestra su boca como confirmando
lo dicho. Además señaló que recibió impactos de balas de goma, y
que luego los policías lo alcanzaron para golpearlo. “Después de
eso me desmayé, y no sé más nada” sintetizó.
“Me golpearon todo, y de ahí no me acuerdo más, casi perdí mi
memoria”, explicó una y otra vez para luego remarcar “no tenía
armas, ni palos ni nada, pero igual me golpearon”.
“Me falta una muleta, y mercaderías aunque sea un poco, porque
estoy en una casa de prestado, y no tengo nada. No sé si me van
a dar más medicamentos, tengo unos pocos pero mi recuperación va
a llevar varios días más” agregó.
“Quemaron mi documento, no tengo ahora, solo tengo una
constancia. Ahora no sé cuándo voy a ir a la colonia, porque el
tratamiento es dos meses, y aparte no tengo plata para viajar”,
sostuvo Garcete.
“Me atendieron bien en el hospital”
Aún a pesar de la amarga y triste situación que le tocó pasar a
él y su familia, garcete tuvo palabras de agradecimiento para el
personal del Hospital de Alta Complejidad: “Me atendieron bien
en el hospital –reflexionó-. El ICA (Instituto de Comunidades
Aborígenes) me dijo que iba a mandar mercadería a mi casa, pero
mi mujer dice que no llegó nada ahí”, afirmó preocupado, ya que
tiene nueve hijos, todos pequeños.
“No tengo sueldo y me habían dicho en el ICA que me iban a
mandar pero no hay nada. A veces tenemos contacto, porque no hay
plata para viajar” explicó.
“Me siento bien hoy, pero quiero recuperarme, que me saquen este
hierro que tengo en la pierna”, dijo en referencia a un sostén
de aleación, que mantiene el hueso roto de una pierna. “Me
golpearon, me pegaron, me lastimaron mucho. Todo fue por la
tierra”, sostuvo con un dejo de tristeza al caer en la realidad
nuevamente.
www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32401:sam...
Formosa: denuncia de maltrato a niña
Wichi y pedido de intervención del INADI
Por Fuente: Comunidad "Eusebia Farias" - Thursday, Jan. 20,
2011 at 6:46 PM
Se solicita: pronto seguimiento e
intervención de este caso en Formosa, en cumplimiento con
los Deberes de Funcionario Público y de la Ley Nacional
23302. Pronta intervención de los DDHH y INADI Nacional y de
Formosa y denuncia de director de hospital por mala praxis y
avasallamiento de las pautas culturales del Pueblo WICHI. En
adhesión a la denuncia de este horror... Comunidad "Eusebia
Farias".
"Recibimos y divulgamos este pedido de
auxilio por maltrato a wichis en el hospital de El Potrillo,
Formosa, Argentina. En el monte formoseño, casi 300 km. al oeste
de Las Lomitas, departamento de Ingeniero Juárez, dentro del
monte, hay una comunidad que se llama “El Potrillo”, a escasos
metros de uno de los pozos petroleros más grandes de nuestro
país. Allí hay un hospital para atender a la comunidad, pero
este hospital -como sucede en casi toda la provincia- no atiende
de la misma manera a blancos que a aborígenes. Los wichi son
siempre muy maltratados allí. Las situaciones se repiten una y
otra vez. Ante el maltrato, la falta de atención total y la
desidia, sumado a la discriminación, los wichi se atemorizan y
terminan escapándose del hospital por miedo a cosas peores y
porque el paso por los centros de salud no les resuelve nunca
nada. Antes de anoche, una casi niña de apenas 16 años llamada
Emilia (hija de Daniel y Rosita ) esperaba su bebé y como no
estaba en posición de parto se le recomendó una cesárea urgente,
pero la chiquita no quería ir. Fue convencida de que así sería
mejor y en el Hospital la médica de guardia no le quiso hacer la
cesárea, empujando con mucha fuerza la cabeza del bebé para
obligarla a parir naturalmente, golpeándole la panza. Ante el
terror y por miedo a que mataran a su bebé la mama huyó con su
bebé aún adentro. Horas más tarde y ya en su comunidad, se
produjo el parto. El bebé estaba muerto, y la madre-niña casi
muere también. La bebé pesaba más de cuatro kg. La situación fue
terrible, pero lo peor de todo es que no es una situación
aislada. Es necesario denunciar el hecho y darle estado público.
Personas locales piden que si alguien lo conoce, que por favor
contacte a Mempo Giardinelli, para ponerlo en conocimiento y
pedirle divulgación de este hecho. "
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