Tensión en Los Toldos: una mujer mapuche amenazó
con suicidarse en un desalojo
Por La Verdad / Junín - Saturday,
Dec. 04, 2010 at 11:12 AM
Los González Corón se
encadenaron en la puerta del Municipio de Los Toldos.
02/12/2010 - Varias horas de tensión se vivieron en Los Todos
ayer, cuando un grupo de 50 efectivos del Grupo de Apoyo de la
Jefatura Departamental de Junín (GAD) ingresó al campo que los
Salazar había recuperado hace unos meses, y de manera violenta
intentó llevar adelante la orden de desalojo firmada por la
jueza Marisa Muñoz Saggese. La desesperación llevó a que una de
las integrantes de la familia Mapuche, encadenada a un poste,
amenazó suicidarse.
Todo esto pasó mientras funcionarios del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) estaban en Los Toldos, dialogando con
miembros del Ejecutivo de ese municipio, para intentar
solucionar los problemas de las familias González Corón y
Salazar.
Hace dos semanas los González
Corón fueron desalojados del campo que habían recuperado, con un
despliegue policial similar al utilizado ayer. Salvo que en
aquella ocasión no había integrantes de la familia en el
predio.
“Mientras estábamos debatiendo en la Municipalidad se produce
este intento de desalojo en el campo de los Salazar”, contó
Oscar Farias, referente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
El militante social fue testigo de la violencia empleada por los
efectivos durante toda la jornada de ayer.
Farias dijo que el accionar de la policía fue desmedido e
inentendible, “ya que estamos hablando de una familia totalmente
pacifica, que con sus chiquitos estaban en el medio del campo.
La verdad fue vergonzoso lo que pasó, porque se trató a la
familia como delincuentes”, señaló.
Además dijo que el desalojo fue arbitrario e irregular ya que ni
la familia, ni la abogada que los patrocina recibió la
notificación del desalojo. “Patrulleros, camionetas, un camión y
muchos efectivos, habían cercado los caminos para impedir que
pasemos a ver a la familia”.
En ese momento, mientras los
representantes del INAI, del Municipio de Los Toldos, junto a
Farias y el resto de la comunidad Mapuche intentaba pasar el
celoso cerco policial, Gabriela Salazar se encadenó a un poste,
se subió sobre tres garrafas y mientras prendía un encendedor se
apoyaba un cuchillo sobre la yugular y, a los gritos, decía que
se iba a matar si no frenaban el desalojo.
“Estuvo así durante siete horas, hasta que se logró suspender el
desalojo”, dijo Farias, que todavía no podía creer lo que había
vivido durante la tarde. “Gracias a la gestión de los
funcionarios del INAI, de derechos humanos y de la municipalidad
de Los Toldos, se descomprimió la situación”.
El freno del desalojo, ordenado por la jueza de Garantías Nº 2,
Marisa Muñoz Saggese, es momentáneo, pero trae un poco de
tranquilidad a la familia Salazar.
Familia encadenada
Tras el desalojo de las tierras que había recuperado, los
González Corón se encadenaron en la puerta del Municipio de Los
Toldos reclamando por la restitución de los campos que por
herencia cultural les pertenecen.
Esta situación se había logrado descomprimir, hasta los hechos
ya relatados, aunque se cree que la suspensión del desalojo
generará un alivio en ambas familias.
Esta toma de territorio se enmarca en una nueva etapa de
recuperación que tres familias llevaron adelante sobre el
Cuartel II de General Viamonte donde se ubican 16.450 hectáreas
que en 1866 y 1869 les fueran donadas al cacique Ignacio
Coliqueo y su tribu como estrategia de resguardo de la frontera
bonaerense de entonces. Desde aquella entrega de propiedad, y
luego de la muerte del cacique, el territorio ingresó en una
zona oscura de dominios encontrados, escrituraciones válidas e
inválidas y reclamos diversos que con las nuevas generaciones de
mapuches, vuelven a presentarse en los juzgados.
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Por
donde pasa la cuestión?
Por Diana Oliva-Farias - Saturday,
Dec. 04, 2010 at 11:10 PM
diana_lapampa@yahoo.com.ar 552573
Viniegras 668
En 1974
el entonces senador De la Rúa intentó hacer aprobar en el
Congreso una ley que contemplara los Derechos Indígenas. La
Mayoría justicialista en el Congreso no se la aprobó. Luego
vinieron los sucesos por todos conocidos. Con la vuelta de la
democracia en el 83, el partido radical se compromete a
presentar nuevamente el proyecto de ley, esta vez mejorado y
actualizado por la participación indígena, que comprometió su
voto. Ganó el radicalismo y el proyecto fué presentado en el 85,
esta vez con mayoría radical. Fué aprobada por unanimidad. Pero
el doctor Alfonsín recibió tantas presiones que estuvo a punto
de vetarla. El senador de la Rúa movió todas sus influencias
para que, ya que el ejecutivo no la aprobaba. al menos no la
vetara. En 1989 se reglamentó mediante decreto 155/89. El primer
ministro de Acción social de Menem puso a Serralta, de la Pampa,
para que elaborara una propuesta de cumplimiento de la ley,
tarea que le llevó 6 meses. En el interin, el ministro murió en
un accidente de aviación y el reemplazante permitió a Serralta a
continuar con su tarea, en consenso y participación indígena a
través de AIRA. Al finalizar su propuesta y entregarla al
Ministerio, el gobierno hizo un enroque, al ministro de Acción
Social lo pasó a ser jefe de gabinete y al jefe de gabinete fué
como ministro de Acción Social. Su primer tarea fué ordenar
desalojar al señor Serralta de su oficina, sacándole toda su
documentación al pasillo, cambió las cerraduras y se terminó el
proyecto de poner en marcha la Ley 23.302. A continuación el
Poder Ejecutivo por Decreto eliminó la ley y creó una Dirección
de Asuntos Indígenas, sin participación de los Pueblos
Indígenas. La Asociación Indígena de la República Argentina,
AIRA, le inició juicio de conocimiento. El primer fallo a favor
de los Pueblos Indígenas fué en 1998. El Gobierno apeló. El
segundo fallo fue en el 2000. Justamente el Presidente De la
Rúa, era el autor de la Ley. No podía apelar. Presentó un remedo
de cumplimiento que no fué aceptado por AIRA y sigue el Juicio.
Tres fallos favorables más, con cobro de astreintes, un dictamen
del Defensor del Pueblo, una recomendación del Comite de la ONU
para la Eliminación de la Discriminación, no logran que el
actual gobierno firme el último Decreto, como se lo ordena la
justicia, para poner en marcha la genuina y verdadera
representación indígena, que debe ser elegida en última
instancia por todos los Pueblos y Comunidades preexistentes al
Estado Argentino que habiten el territorio argentino. Mientras,
se debe designar una comisión provisoria (CCI), cuyo Decreto de
creación el Ejecutivo se niega a firmar, cuya principal misión
es elaborar la propuesta de convocatoria general, mientras asume
la responsabilidad de delinear y aplicar la política indígena en
consulta con el Presidente del INAI y un representante por cada
área de gobierno nacional y de las provincias que hayan adherido
a la ley. Nadie sabe, porque nadie lo pregunta, excepto los
Pueblos Indígenas y el AIRA, cuya voz no llega al Poder
Ejecutivo, el porqué de dicho incumplimiento. A punto tal que el
AIRA, de persistir esta situación, se apresta a conseguir
diversos apoyos para en el 2011 conmemorar con una gran fiesta
los "20 AÑOS DE JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.3022" por
parte del Estado Argentino. E iniciar acciones legales en foros
internacionales.
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